La SET pretende endurecer multas a los contribuyentes para repartir más

No conformes con el ingreso extra que les genera actualmente el cobro de multas a los contribuyentes, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentó a fines del año pasado, a través de Hacienda, un proyecto legislativo que esencialmente busca elevar las sanciones a las empresas evasoras. El plan para el mejoramiento de la eficiencia y combate a la evasión fiscal, pretende la modificación de varios artículos de la Ley 125/91 (De adecuación fiscal).

El nuevo proyecto, según argumentaciones que dio la viceministra recientemente, busca elevar la multa a un monto más equitativo al ingreso o ventas de los locales comerciales que sean sorprendidos en evasión de sus compromisos tributarios.

De acuerdo con la propuesta, la multa por contravención, que actualmente está entre los G. 50.000 y G. 1.321.000, podrían aumentar, dependiendo del movimiento comercial, a más de G. 7.000.000.

Las empresas que son sorprendidas en evasión por no expedir facturas legales, actualmente pueden ser suspendidas hasta tres días con aplicación de una multa de hasta G. 1.200.000. La SET alega que este monto es ínfimo teniendo en cuenta que hay locales que facturan entre G. 30 millones y G. 40 millones por día, evadiendo montos importantes.

El proyecto propone una suspensión de actividades comerciales de hasta 15 días, y una multa equivalente a un porcentaje del volumen de transacciones comerciales. En un caso de omisión de pago del contribuyente, se propone elevar la sanción del 50% que rige actualmente, al 100% del tributo.

Multas al cliente

La propuesta también contempla sanciones a los clientes que realicen compras siendo contribuyentes o no del fisco, en el caso de que no exijan comprobante de venta o no exhiba a la Administración Tributaria los comprobantes de venta que respalden los bienes adquiridos, por lo cual podrían ser sancionados con una multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la compra.

La propuesta se está analizando en las comisiones legislativas, pero aún tiene dictamen, por lo que no pudo tratarse aún en el pleno.

El 3% de las recaudaciones

De acuerdo con un pedido de informe de la Cámara de Diputados, de agosto del año pasado, Hacienda reportó el ingreso de G. 334.811 millones (unos US$ 60 millones) en concepto de multas cobradas a los contribuyentes en el lapso de un año (julio de 2015 a junio de 2016), que representó en ese momento casi el 3% de las recaudaciones totales del fisco. Si consideramos que el 50% de estas multas debe repartirse entre funcionarios, estamos hablando que fácilmente hubo una repartija de US$ 30 millones, aunque de este total deben restarse los conceptos de multas que no conllevan la intervención física de la Administración tributaria.

Antecedentes

Las asignaciones extras o plus que recibe la viceministra González, como “estímulo” por su trabajo, elevaron el monto de su salario a G. 42,5 millones, casi duplicando el salario de su propia jefa, la ministra Lea Giménez, quien percibe una remuneración mensual de G. 24,5 millones, al igual que de otros ministros de la Administración Central.

Sin embargo, esto viene sucediendo desde abril de 2015, cuando la viceministra González puso vigencia la resolución interna 12/15 para incluirse en el beneficio de repartición de beneficios, que en la mayoría de los casos llegó al tope de 10 salarios mínimos al mes adicionales al mes.

Cabe señalar que la distribución de multas entre funcionarios de Tributación rige desde el año 2004, cuando se procedió a modificar el artículo 239 de la Ley 2421/04, de Adecuación fiscal, que autoriza la repartición del 50% de las sanciones cobradas a los contribuyentes en operativos de fiscalización. Sin embargo, los anteriores viceministros no se incluyeron en el beneficio que ahora está la mira y podría ser derogado.