“Queremos que el BCP amplíe la calificación de riesgo para la compra de deudas de entes privados por parte del BNF, porque solo es posible para las categorías 1 y 2, y la mayor parte de los productores tienen calificación de riesgo 100”, expresó en una entrevista Luis Aguayo.
Según las explicaciones, las categorías 1 y 2 incluyen créditos vencidos con hasta 60 días, al 30 de abril.
Directivos del Crédito Agrícola de Habilitación que fueron consultados sobre este punto señalaron que el problema planteado ahora por los labriegos es que quieren que el BNF compre deudas vencidas de hace varios años.
Sobre otro punto, Aguayo reafirmó la denuncia de que, supuestamente, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Coordinadora Intersectorial, la empresa Nexo adquirió carteras vencidas de productores, de varias empresas financieras.
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Al respecto, la empresa Nexo Saeca emitió un comunicado en el que aclara que no ha realizado acción alguna de compra de deudas relacionadas con el caso de los productores campesinos.
“Afirmamos que no se han registrado cambios en la composición accionaria de la empresa, como se ha dejado entrever en el marco de las inexactitudes difundidas. Como emisora de capital abierto, toda la información de nuestra empresa es pública y se encuentra disponible en la Comisión Nacional de Valores, ya sea de nuestras transacciones comerciales así como de la composición de nuestra sociedad”, indica la nota.
Otra ventaja que no figura en el acuerdo, que ahora exige la Coordinadora Intersectorial al Gobierno es el “resarcimiento” para 100.000 productores, ya que lo establecido en el acuerdo del 23 de abril es solo para 10.000, según decidió en plenaria la Coordinadora Intersectorial, el pasado martes, frente al Congreso.