Varios congresistas respondieron ayer al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y el Gabinete de Presidencia, que publicaron un espacio reservado en este diario, con el título: “El proceso licitatorio del aeropuerto Silvio Pettirossi es un ejemplo de seriedad, profesionalismo y transparencia”.
Al respecto, el senador Eduardo Petta (independiente) dijo que en el Congreso tienen otra posición, luego de recibir la denuncia formal de una empresa descalificada del proceso, que mostró elementos probatorios en contra.
“Técnicos del área han señalado la violación de normas del llamado y recomendaron no adjudicar”, acotó el legislador. Recordó que la Contraloría debe expedirse sobre el caso, pero independientemente a ello, los parlamentarios analizan acciones penales con relación a la adjudicación, en el caso de que se concrete. Eso, atendiendo a que el “negociado está planificado para beneficiar a una (firma) y perjudicar a otra”.
“Tenemos dictámenes de tres profesionales del área y son coincidentes con los datos proveídos por la empresa oferente que denuncia”, subrayó.
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Jueces y partes
Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, diputado Ariel Oviedo (colorado disidente), fue categórico al decir que el MOPC y demás miembros del comité evaluador no pueden hablar de que el proceso sea “ejemplo”, cuando las autoridades públicas involucradas son jueces y partes.
“Ellos (por el oficialismo colorado) quieren manejar el Paraguay por decreto, como ellos quieren. Todo el mundo sabe que este proceso es irregular”, señaló e hizo referencia a que el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, es el dueño de la empresa aseguradora contratada por la virtual adjudicada, Sacyr. Además, considerando que el jefe de Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi, es parte del estudio jurídico que asesoró a otra oferente en el mismo proceso licitatorio.
“La licitación ni siquiera tenía que llevarse adelante en ese contexto, de que ellos son jueces y parte. Por eso, tiene que declararse desierta, desde todo punto de vista”, destacó.
Mencionó que si adjudican la licitación vía Asociación Público Privada (APP) al consorcio Sacyr-Adjunsa, el Estado va a dejar de percibir entre US$ 300 y US$ 600 millones, por el bajo porcentaje que ofrecen estas empresas al Estado paraguayo.
Análisis siquiátrico
“Todo esto es una tragicomedia, como nos acostumbra este gobierno. Acá no es más un análisis político lo que se debe hacer, sino un análisis siquiátrico al Ejecutivo”, aseveró.
A su vez, el senador Sixto Pereira, quien también es miembro de la Comisión Permanente, insistió en que el equipo interinstitucional encargado de analizar la APP del Silvio Pettirossi debe presentar un pormenorizado informe al Congreso Nacional y, a través de este, a toda la sociedad, sobre todas las denuncias hacia el proceso y la oferente, que es virtual adjudicada al ser la única en competencia.
Incumplimientos
Por ejemplo, a todo lo ya mencionado se suma que se corre serio riesgo de que el consorcio de referencia no tenga capacidad de hacer las inversiones requeridas, por unos US$ 150 millones, porque ya tiene antecedentes de incumplimientos en otros países, como España, Panamá y Colombia. “Es una cuestión muy llamativa que da para preocuparse”, señaló finalmente con relación a todos los hechos cuestionados en torno a la licitación (ver cuadro).