Paraguay es uno de los últimos países en adoptar esta medida de prohibir que las sociedades sean anónimas, según explicó anoche el director de Asoban, Juan Carlos Martin, invitado del programa Economía a Fondo de ABC TV.
La Asociación de Bancos impulsó fuertemente esta ley –que hoy está sancionada pero aún no promulgada–, debido a que es una de las exigencias a nivel internacional en materia de transparencia. Martin acotó en tal sentido que en las operaciones del exterior con los bancos corresponsales, se les viene preguntando a las entidades bancarias locales quiénes son los accionistas de las sociedades anónimas, pues la tendencia mundial es que dejen de existir accionistas cuyos nombres sean desconocidos en el ámbito financiero.
La idea es que se pueda conocer el nombre del dueño o dueños de cada compañía y las instituciones competentes tengan la posibilidad de seguirlos en el sistema financiero, de tal forma a evitar el lavado de dinero, que trae consigo generalmente el financiamiento del crimen organizado, además de la evasión de impuestos y otros aspectos perjudiciales.
Al respecto, el director de Asoban señaló que si bien no se cuenta con la cifra real de lavado de dinero en nuestro país, al tener una carencia de institucionalidad acompañada de una gran informalidad, existe en Paraguay el caldo de cultivo ideal para ese tipo de flagelos.
Pero una vez que se promulgue la ley de SA, los accionistas tendrán 24 meses de plazo para convertir sus acciones que hoy son al portador a nominativas. Ese lapso de tiempo es considerado “más que suficiente” para dicha conversión y, en el caso que las firmas no cumplan, serán pasibles de millonarias multas y no podrán operar en el sistema financiero, pues se les sacará el RUC. “Significará casi una muerte civil de la empresa (que no cumpla con la ley)”, subrayó el entrevistado.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, en nuestro país hay más de 32.000 firmas que son Sociedades Anónimas (S.A.) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Todas ellas deberán ajustarse al nuevo régimen de las sociedades, una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley en cuestión.