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Hace falta que la ciudadanía conozca mejor los criterios que maneja la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para las multas y las comisiones que cobran los funcionarios que las aplican, declaró ayer el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Arq. Luis Tavella.
“Combatir la corrupción no pasa por elevar exageradamente los pagos a los funcionarios, aunque el monto debe estar acorde al cargo y al trabajo”, indicó.
Añadió que es una falacia pensar que el ganar montos elevados automáticamente evitará la corrupción, pues de ser así, por ejemplo, los funcionarios de Aduanas no dejarían pasar ningún contrabando.
“El funcionario público no puede ser comisionista; debe tener buen salario y las autoridades crear las condiciones de transparencia para buscar que el mismo sea recto en su gestión”, acotó.
Recordó que existen muchos problemas con la SET tales como la evasión impositiva, la informalidad, que el funcionario debe combatir con un sueldo adecuado y justo. “Si no les gusta el tipo de trabajo, el empleado público tiene la posibilidad de ir al sector privado”, propuso.
También comentó que cuando están en juego miles de millones de guaraníes, la honestidad de un funcionario de Tributación no puede ser alterado por el hecho de ganar G. 15 millones o G. 30 millones, porque eso no le hace a la esencia del problema. “Se deben cumplir ciertos criterios para los salarios, porque si no existe transparencia, tampoco se podrá saber si la multa a una empresa no fue reducida por medio de coima”, sostuvo.
Preguntado por el aumento de las recaudaciones durante la gestión de la viceministra Marta González, dijo que de todas maneras es una consecuencia lógica del incremento de las actividades económicas, crecimiento de la producción, el comercio, la industria, etc.
Recordemos que la repartija de multas a funcionarios de la SET empezó en 2004, con la Ley 2421/04, con lo que se autorizó distribuirles el 50% de lo cobrado por sanciones tributarias. Pero los anteriores viceministros no se incluyeron en el beneficio, como lo hizo Marta González desde marzo de 2015, vía resolución.