LOS LECTORES OPINAN

La fantasía de la APP
Walter Jara

Una vez asumido el poder, el “nuevo rumbo” ha presentado a la ciudadanía paraguaya como producto estrella la APP (alianza público-privada). El Congreso Nacional puso la sinfonía aprobando el marco legal, y todo sonaba como la salvación inmediata para el desarrollo y la prosperidad de la economía nacional.

Para la ciudadanía común, probablemente constituía una novedad y hasta creíble esta propuesta de salvación. Sin embargo, hay que decir que todos los gobiernos anteriores han intentado en alguna medida, sin mucho éxito, atraer las inversiones extranjeras. Claro que en esta ocasión los “vendedores de espejitos” son gerentes que han dejado sus escritorios con la ventaja que la iniciativa estaba exenta de la “contaminación política”.

En la conciencia ciudadana prosperó y entusiasmó, pero hoy hablan por sí los números. ¿Dónde están las obras ejecutadas bajo el régimen de la APP, y a cuánto ascienden las inversiones atraídas por esta ley especial? ¿Cuántos kilómetros de carretera, aeropuertos, escuelas, hospitales o simplemente puentes son fruto de la APP? Poco a nada.

Es que esta fantasía pretende invertir los roles. El gobierno del “nuevo rumbo” pretende marcar la agenda al capital privado, cuando que sabemos que el capital se invierte donde existe lucro, y es el capitalista quien diariamente está detrás de los negocios. ¿O alguien me puede decir si los puertos privados sobre los ríos Paraguay o Paraná están sujetas a leyes especiales o concesiones para instalarse? Este es apenas un ejemplo de quien toma la iniciativa. Por el contrario, la semana pasada American Airlines comunicaba que suspenderá sus vuelos de Asunción-Miami de marzo a junio, pero no porque dudan del gobierno, sino simplemente no cierran los números en temporada baja.

Este gobierno lo encabezan funcionarios que provienen de las empresas del Grupo Cartes. Una buena pregunta para los mismos sería la utilidad que eventualmente pueden generar para el Grupo la construcción de escuelas, puentes, hospitales, etc. O, tal vez, una pregunta más fácil: ¿La utilidad de una tabacalera en la localidad de Mcal. Estigarribia, Chaco, puede ser la misma que la de Hernandarias, Alto Paraná?
Si nos brindan las respuestas sobre estas consultas probablemente habremos de entender quiénes establecen la agenda: Gobierno o capital; porque se repite el viejo repertorio de la emisión de bonos, los subsidios, con las consecuencias que conllevan los aumentos de impuestos y, finalmente, darnos cuenta de que todo fue una fantasía.

Injusticia y violencia
Luis A. Traversi

Los criterios democráticos de la sociedad paraguaya, a pesar de avanzar lentamente, van exigiendo mayor transparencia y calidad en la función pública. A pesar de ello, se sigue con prácticas del poder que se burlan abiertamente de la ciudadanía y tiene como consecuencia la extrema violencia en una sociedad injusta.

Estas prácticas como el enriquecimiento ilícito de los administradores estatales, los parlamentarios narcos, la discriminación para ocupar cargos públicos, la ocupación y gobierno de los mediocres; los diputados o senadores, que no pueden ser dueños de medios de comunicación, pero ellos vociferan todos los días personalmente en las radios, por medio de testaferros violan todos los días la ley. En el departamento de Guairá conquistaron sus bancas por medio de sus radios exdiputados como Nery González, Gustavo Musi, o el actual senador Acevedo en Amambay.

El diputado Víctor Ríos tiene inhabilidades constitucionales para ocupar la banca, porque es rector de la Universidad de Nacional del Pilar. Lo inhabilita el art. 198 de la Constitución Nacional. Es administrador de un ente descentralizado autónomo y autárquico y está inhabilitado para ejercer ambas funciones al mismo tiempo, aun en el caso de renunciar a uno de los salarios, porque lo que se protege no es la doble remuneración, sino un principio fundamental del Estado de derecho, que es la división de los Poderes.

Además de la violación expresa de una norma constitucional, viola el principio del equilibrio de los Poderes del Estado. Ríos cumple funciones en dos Poderes: administrador de un ente descentralizado autárquico y autónomo, y, como legislador, debe aprobar su propio presupuesto de la Universidad Nacional de Pilar.

No solo son estos. Hay cientos de casos, como la violación fragrante de la ley por el ministro Morales, en el día de las elecciones pasadas, un desafío al Estado de derecho y a la ciudadanía. O el caso del ministro Ramírez, quien violó los derechos de autor para acrecentar su currículum y ocupar el cargo que ostenta.

Muchos casos de abuso de poder ejercidos por administradores que nombran parientes en cargos públicos, como los ministros de la Corte que tienen prohibiciones constitucionales para ocupar cargos en organismos oficiales o privados en cualquier tipo de asociación (art. 254 de la CN). Esta misma prohibición rige para todos los jueces, pero muchos son decanos o tienen cargos ejecutivos.

Los que estamos abajo, simples ciudadanos, qué motivación tendremos para cumplir la ley. Por eso existe tanta violencia; es rebeldía que subyace como protesta ante tanta arbitrariedad hacia los de arriba, que repercute en las calles contra humildes ciudadanos, sujetos de la rabia desatada por la impunidad y la injusticia.