Lucha contra abusos de la SET va a llegar a tribunales, confirma Ruoti

La abogada tributarista Nora Ruoti propone “no darnos por vencidos y continuar la lucha contra los abusos de la SET”, mientras prepara la acción de inconstitucionalidad que presentará este mes ante la justicia por la violación de la ley del IRP y del IVA, campaña al cual ya se sumaron hasta el fin de semana 531 contadores y auditores.

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La especialista lleva adelante la campaña “Yo me sumo” a fin de presentar en forma conjunta con contadores y auditores, en carácter de contribuyentes, la acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto que reglamenta la ley del impuesto a la renta personal (IRP).

En conversación con ABC Color explicó que la decisión de recurrir a la justicia se debe a la falta de resultado efectivo de la campaña “Respeto a la ley del IRP por la vigencia del Estado de Derecho”, de las múltiples manifestaciones de los gremios, asociaciones, grupos de profesionales y audiencias públicas.

Sostuvo que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a cargo de Marta González Ayala, no sólo violó la ley al modificarlo con un decreto, una resolución y formulario de liquidación, sino que se ratificó en todo posteriormente.

Además, la acción también se efectuará ante el inminente vencimiento en julio próximo del plazo para la presentación y pago del IRP correspondiente al ejercicio 2017 “en violación a la ley y de acuerdo a la dictadura del formulario 104 versión 3”.

“No se trata de no pagar impuestos, sino de hacerlo de acuerdo a la ley, como lo manda la Constitución Nacional. No se trata de una persecución personal, sino del respeto hacia los ciudadanos, puesto que todos somos contribuyentes directa o indirectamente”, afirmó la abogada triburista.

En ese contexto, señala que la ley determina que las inversiones son deducibles en su totalidad, criterio que se venía aplicando desde que se implementó la ley en 2012 hasta 2016, porque el Congreso estableció que la ley sea formalizadora de la economía. Sin embargo, en diciembre de 2016, la SET cambia este criterio, manifestado incluso en consultas vinculantes, y determina que no todas las inversiones son deducibles. Además, notifica a los contribuyentes que deben rectificar sus declaraciones correspondiente al periodo 2012 al 2016.

Ruoti indicó que se pedirá la restitución del Estado de Derecho, de tal modo a que se aplique la ley y no el decreto; también la responsabilidad del funcionario público, como lo determina la Constitución cuando viola sus actos; así como la inconvencionalidad, que implica que si la resolución de la justicia no es favorable o se dilate la causa, recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La abogada dijo que la acción de inconstitucionalidad se centrará en dos aspectos: la imposibilidad de compensar las pérdidas fiscales provenientes de la inversiones, tal como lo dispone el artículo 13, última parte de la Ley 2421/04; y la limitación de la deducibilidad de las inversiones personales del contribuyente y de familiares a cargo del mismo en violación al artículo 13 numeral 3 inciso d) a) de la citada ley.

Afirmó que jurídicamente esos dos aspectos constituyen un agravio manifiesto que no requiere la demostración de dolo o perjuicio económico.

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