Del importe del préstamo del BIRF, al cierre del 31 de diciembre de 2014, el Proders había ejecutado US$ 34,7 millones, seis años después de la firma del convenio.

El plan del proyecto, que arrancó en 2009, tuvo un costo total estimado de US$ 46,7 millones, incluyendo contrapartida del MAG de US$ 9,2 millones y una pequeña ampliación.

En el descargo de las autoridades y técnicos del Proders, señalaron que los beneficiarios, campesinos e indígenas, “son reacios a cumplir las recomendaciones técnicas, por más que se les insista y se les explique la importancia de adoptar dichas técnicas, pues están acostumbrados a realizar los trabajos a su propio estilo y conveniencia”, relata el informe.

Entre varias otras irregularidades, la auditoría detectó que al 31 de diciembre de 2014, la Unidad Ejecutora del Proyecto se excedió en el importe ejecutado en el componente 2, evidenciándose una diferencia de US$ 180.000 en el aporte del préstamo y de US$ 76.000 en el aporte local, sin que se haya documentado la reasignación de categorías para cubrir los sobregiros por el organismo financiador. El informe afecta a las administraciones del MAG de la época de Enzo Cardozo, Rudy Godoy y Jorge Gattini.