Días atrás, el presidente de la Dinac, Luis Aguirre, anunció la modificación de los principales requisitos de la subasta. Dijo que los cambios responden a la necesidad de lograr una mayor participación de oferentes.
La primera modificación se relaciona con la reducción del porcentaje de seña de trato que habían establecido inicialmente: de un 50 por ciento del monto adjudicado al 30 por ciento.
En cuanto al cheque de gerencia con que debía abonarse la compra, la Dinac lo reemplazó por la presentación de un certificado de garantía bancaria de disponibilidad de los fondos.
El cheque de gerencia fue uno de los principales cuestionamientos al paquete de exigencias de la Dinac para participar en la subasta, requisito que incluso despertó sospechas de que el proceso estaba dirigido.
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Los denunciantes alertaron que era imposible contar con un cheque de esas características en el momento de la subasta, porque el monto se conoce cuando el martillero pide las ofertas.
Las versiones indicaban que el principal oferente formaba parte del Poder Ejecutivo.
Otro de los requisitos modificados por la Dinac se refiere a la cancelación del valor de la propiedad, cuyo plazo, en principio, no superaba los 10 días posteriores al remate.
Los sindicatos de la Dinac y la Defensoría del Pueblo pidieron a la Procuraduría que interviniera para frenar la subasta. Debe añadirse que la última de las instituciones mencionadas no se pronunció sobre el tema.
El inmueble en cuestión está ubicado sobre la autopista Silvio Pettirossi, a metros del aeropuerto, y tiene aproximadamente ocho hectáreas de extensión.
El precio base para el remate fue fijado en US$ 12 millones, monto considerado demasiado bajo por funcionarios del ente convocante, así como por especialistas en la materia.
Lo recaudado en el remate será utilizado para pagar deudas por otras propiedades, entre ellas a la Municipalidad de Luque, había explicado Luis Aguirre.
Por usucapión
El inmueble que se rematará mañana fue inscripto recientemente por la Dinac, al término de un proceso judicial de usucapión, mediante el cual el ente adquirió la propiedad.
El inmueble pertenecía originalmente a Radioaeronáutica del Paraguay SA (Rapsa), una empresa que en 1971 firmó contrato con el Ministerio de Defensa para hacerse cargo de las comunicaciones aeronáuticas.
En la ley que le otorgó la concesión a Rapsa se estableció que al término del plazo (10 años) todos los bienes pasarían en propiedad al Estado, razón por la cual tampoco se explica por qué iniciaron un proceso de usucapión.
Los abogados de la Dinac reconocieron que una donación del Ministerio de Defensa a la Dinac hubiese bastado para que el ente aeronáutico titulara a su nombre el inmueble en cuestión.