Marito dio instrucciones de no pedir aumentos, pero no le hacen caso

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso cerró ayer la segunda semana de estudio del proyecto de presupuesto 2019 y, a pesar de que el Presidente dio instrucciones de no pedir aumentos, la mayoría lo solicitó.

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Los ministros o presidentes de entidades desautorizan al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al ir a la comisión legislativa a pedir más presupuesto de lo que el Ministerio de Hacienda estableció como factible de financiar, dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Esta comisión asesora, integrada por senadores y diputados, tiene actualmente a su cargo el estudio del proyecto de ley de presupuesto 2019 presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de emitir un dictamen.

Las autoridades de las instituciones públicas que en estas dos semanas acudieron a la sesión de la bicameral reclamaron, en su mayoría, más presupuesto y lo hacen de manera directa, señalando el monto pretendido o, indirectamente, diciendo que los recursos asignados “son insuficientes”.

Los pedidos se vienen repitiendo aun cuando el ministro de Hacienda, Benigno López, reafirmó la semana pasada, luego de las primeras solicitudes, que los ministros y autoridades de entes no deben plantear incrementos a la comisión bicameral, tal como lo dispuso el presidente Abdo Benítez.

López insistió en que el Presidente, en la reunión del Consejo de Ministros, fue claro en que se debe respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal y que el conducto en materia presupuestaria es el Ministerio de Hacienda.

Bicameral

En la sesión de ayer de la bicameral estuvieron los ministros de Desarrollo Social, Mario Varela; de Trabajo, Carla Bacigalupo, y de Industria y Comercio, Liz Cramer.

El titular de Desarrollo Social pidió que en algunos programas en los que le aplicaron recortes para el próximo año, como el caso de Tekoha, que se redujo G. 3.428 millones, se mantenga el monto del 2018.

Bacigalupo y Cramer no hablaron directamente de aumentos, pero la primera dijo que apenas tienen 30 fiscalizadores para todo el país y la segunda resaltó que el MIC tiene uno de los presupuestos más pequeños.

Un día antes, el martes 25, la titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Karina Gómez, pidió ante la Bicameral que se les mantenga el nivel presupuestario de este año para el 2019, ya que sufrió un recorte del 4% en Hacienda. 

En el caso del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), su presidenta, Ana María Allen Dávalos, relató las precariedades con que se manejan y solicitó a Hacienda una adenda para reponer un recorte de 24%.

A su vez, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, indicó que aunque así como están las cosas se proyecta duplicar el presupuesto de la institución, con lo que tendrían G. 20.389 millones, en principio habían pedido unos G. 22.000 millones, más una asignación para gastos reservados, que no fue incluida.

El lunes último, por su parte, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, anunció que planteará a la cartera fiscal una adenda para aumentar su presupuesto, pero no habló de montos. En el caso del Ministerio del Interior, su titular, Juan Ernesto Villamayor, dejó en claro que no necesitará aumento, porque lo que se necesita es que el Estado recaude más, mientras que el comandante de la Policía Nacional, Bartolomé Báez, dijo que las patrulleras apenas tienen un cupo de G. 50.000 de combustible para la ronda de 24 horas y que se manejan dentro de precariedades.

La semana pasada, en la apertura de las deliberaciones en la comisión bicameral, tanto el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, como el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, plantearon la necesidad de contar con más presupuesto para el ejercicio 2019, siendo los primeros.

Déficit está al tope de la ley

El proyecto de presupuesto 2019 asciende a 80,2 billones (US$ 13.950 millones), lo que implica un incremento de 7,6% con respecto al vigente. La administración central contempla un déficit fiscal de G. 3,8 billones (US$ 660 millones), equivalente a 1,5% del PIB, lo que significa que está al tope permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

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