Explicaron que hay acuerdo con el apoderado del propietario del inmueble para que el Indert compre el terreno, pero el ente agrario demora en hacer la verificación de ocupantes, tal como se había comprometido. Los técnicos del instituto van al lugar pero no hacen las tareas, dicen.

Indicaron que la negativa en hacer la anotación de datos de la ocupación se debe a presiones que ejercen políticos y caudillos colorados de la zona, que quieren quedarse con entre 200 y 300 hectáreas, explicaron la dirigente Ester Leiva y el abogado de los campesinos, Alberto Alderete.

“El problema es que el Indert no quiere adjudicarles esas tierras a estas familias, porque esta gente no se va a prestar a entregarles hectáreas de tierras a políticos de la zona, que quieren entre 200 y 300 hectáreas. Son cinco a seis personas las que quieren que se les adjudique a ellas”, expresó Alderete.

Señaló que la principal traba para arribar a una solución en este caso es “la incapacidad” del actual presidente del Indert, Horacio Manuel Torres, porque hace predominar la política partidaria del signo político del Gobierno.