Una veintena de altos funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas fueron denunciados en algún momento por hechos de corrupción. Sin embargo, casi todos lograron eludir tanto a la justicia como los sumarios internos encarados en la institución.
En los registros del Poder Judicial solo una condena por corrupción en Aduanas está firme. Es el caso de Hilarión Osorio y Arnaldo Abegg, excajero y exjefe de cajeros de la institución, respectivamente, procesados y condenados por el desvío de tributos por monto de G. 10.000 millones.
La investigación estuvo a cargo del fiscal René Fernández. Según los antecedentes, la pericia contable determinó que solamente en agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2003 fueron desviados G. 6.923.646.008 en Ciudad del Este. Asimismo, se comprobó que en Asunción se desviaron tributos por unos G. 2.500 millones. Osorio y Abegg fueron condenados a 10 años de prisión, comiso de bienes y multa de G. 3.000 millones cada uno.
Otro aduanero juzgado y condenado, pero que luego logró anular su juicio es Leandro Leguizamón Messina, quien sigue formando parte del cuadro de funcionarios de alto rango de la institución. En el 2005 fue condenado a tres años de prisión por enriquecimiento ilegítimo. El tribunal de sentencia integrado por Andrés Casati, Héctor Capurro y Lourdes Cardozo constató un incremento no justificado de G. 2.500 millones en el patrimonio del funcionario público.
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Según la acusación fiscal, en 1998 el aduanero compró una embarcación por US$ 50.000, más de un centenar de vacunos por G. 53 millones, un inmueble por G. 22 millones y una camioneta Toyota del año, para lo cual entregó una del año anterior y pagó una diferencia de US$ 17.000 en efectivo.
En enero del 2006, el tribunal de apelación 3ª sala anuló el fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio, que ya no se pudo hacer debido a la extinción de la causa. Adrián Ortega Gianotti, cuñado del senador colorado Juan Carlos Galaverna, es otro aduanero que fue investigado por enriquecimiento ilegítimo, pero su caso quedó extinguido antes de que se pudiera llegar a juicio oral y público.
Según los datos, en este caso Ortega fue beneficiado con un deficiente peritaje que no permitió establecer la diferencia entre sus ingresos y egresos.
Según la fiscala Ariela Chaparro, el perito Blas Jara incluyó como ingreso el producto de la venta de 240 vehículos, sin contar con los documentos respaldatorios de dichas operaciones.
Sobreseídos
Otros funcionarios que fueron investigados, pero terminaron sobreseídos son Blas Agüero, actual administrador de Zona Franca Global; Rodolfo Zaracho Pedotti, administrador de Algesa, Itapúa; Jorge González Aguilera, quien ahora funge de asesor. Otros fueron denunciados por estar involucrados en casos de contrabando.
En el 2014, la dirección a cargo de Nelson Valiente, tuvo una tímida iniciativa de deshacerse de los funcionarios cuestionados.
La medida alcanzó a Alberto José Tiozzo Inglés, exdirector de Fiscalización; Luis Fernando Alfonso Bogado, ex Vista de Terport; y Luis Tadeo Ramírez, exjefe de Detave. Los cuatro fueron apartados y enviados a sus casas a realizar “trabajo externo”, bajo prohibición de pisar el recinto aduanero. Pero muchos no fueron tocados. Siguen formando parte de la rosca que ocupa los cargos desde hace tiempo.
Sumarios sin resultado
En mayo pasado, la Dirección Nacional de Aduanas informó que desde el 2013 hasta el 2015 abrió sumario contra 52 funcionarios por diversas irregularidades. Un total de 17 fue sobreseído, apenas dos fueron destituidos de sus cargos. La institución no reveló los nombres de las personas cuestionadas, tampoco trascendió los de las sancionadas. La impunidad es una constante en uno de los principales entes de recaudación del país.