En una denuncia inicial, firmada por el Abog. Mario Morlas Candia y el Ing. Augusto Ríos Tonina, los frentistas del Mercado 4 argumentaron ante el MICI que “es muy preocupante el financiamiento que otorga el BID (...) a un proyecto que carece de diseño final; es un absurdo total financiar un proyecto que afectará en forma directa a miles de ciudadanos y carece de diseño final, o sea que todo es dibujo en computadora”, y se preguntan a continuación si “cuál es el resultado del estudio final de la factibilidad técnico-económica, y cómo se puede acceder al documento, si es que existe”.
Según otros datos que figuran en la página web del MICI, los denunciantes también alegan “que no han sido jamás consultados sobre la obra y que a aquellos que deberán desalojar la zona no se ofrece ninguna alternativa de relocalización ni compensación económica. También plantean la falta de estudios de impacto ambiental e impacto sobre el patrimonio histórico”.
Además, agrega, que “respecto al daño alegado, plantean que esta obra tendrá un efecto negativo sobre su economía en dos vertientes: la primera durante la ejecución, en la que consideran que las ventas de sus comercios se verán afectadas por la falta de acceso y ello les llevará a reducciones de ingresos, al despido de empleados y al consecuente impacto en las economías familiares, y la segunda vertiente es de aquellos que han sido informados que deberán dejar la zona y ubicarse en otra área sin planes de relocalización ni compensación”.
Con base en esta y otras consideraciones, el referido mecanismo de investigación interno del BID ha aceptado en principio la denuncia y ha puesto en marcha el mecanismo previsto en estos casos. En ese sentido, ya el 25 de mayo pasado comunicó a los recurrentes que “el equipo responsable del proyecto está siendo informado simultáneamente (del registro de la denuncia) para que ellos puedan responder a los temas que plantean en su solicitud, ofreciendo la perspectiva de la administración del Banco”, que tiene un plazo de 21 días hábiles para ello.
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En cuanto a otros plazos, el MICI explica que tras la presentación que deben hacer los responsables del proyecto, el organismo de consulta e investigación emitirá antes del 26 de julio próximo una declaración denominada “memorándum de elegibilidad”, donde se determinará otros pasos de la investigación, que podría incluir, incluso, una vista de miembros del Mecanismo a Paraguay, para verificar las posibles irregularidades y desprolijidades del proyecto del metrobús, que afectará a los frentistas de la avenida Eusebio Ayala y el primer tramo de la ruta Mcal. Estigarribia, a través de unos 11 kilómetros.
Casi quedó en la nada
Esta solicitud de investigación casi quedó en la nada, pues fue enviada ya en marzo pasado, pero el MICI cerró el trámite el 10 de abril pasado por falta de más elementos, pero luego aceptó reabrirlo el 17 de mayo pasado tras cumplirse ciertos requisitos. Se calcula que el BID aportaría un préstamo inicial de US$ 90 millones al metrobús, cuyas obras civiles ya deben comenzar este junio. Esas obras civiles ya fueron adjudicadas a la empresa portuguesa Mota-Engil, con un contrato de alrededor de US$ 51 millones.
El proyecto del metrobús se enmarca en un plan mayor que abarca también la reconversión del centro histórico de Asunción y la construcción de edificios en la zona del puerto capitalino para ser destinados a oficinas de varias reparticiones ministeriales y otras dependencias del Gobierno.
Protestas sin resultados
El avance del proyecto del metrobús ha generado en los últimos meses una serie de protestas de los frentistas, que sin embargo no han logrado frenar las intenciones de las autoridades nacionales, por lo que han recurrido al MICI.
La lista completa de quienes elevaron la denuncia al organismo internacional incluye a las siguientes personas: Augusto Ríos Tonina, Édgar Javier Gill Penayo, Benicio Ayala, Norma García, Feliciano Almeida, Gladys Mancuello Miranda, José Cirilo Rivas, Aida Liz Maciel y Nilo Salinas.
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