Estas investigaciones se originaron a partir de una solicitud enviada a Washington, a la sede del MICI, en marzo de 2016, por un grupo de comerciantes, dueños de negocios o propiedades sobre la Avda. Eusebio Ayala, que alegaron que nunca fueron suficientemente informados acerca del proyecto del metrobús, que según los recurrentes les causará daños económicos.

“Respecto al daño alegado, plantean que esta obra tendrá un efecto negativo sobre su economía en dos vertientes: la primera durante la ejecución, en la que consideran que las ventas de sus comercios se verán afectadas por la falta de acceso y ello les llevará a reducciones de ingresos, al despido de empleados y al consecuente impacto en las economías familiares, y la segunda vertiente es de aquellos que han sido informados que deberán dejar la zona y ubicarse en otra área sin planes de relocalización ni compensación”, según documentos que maneja el MICI.

La denuncia fue aceptada como elegible en julio de ese mismo año, y desde entonces se han desarrollado los pasos previstos, que continúan hasta ahora por parte del MICI, que ahora anuncia una nueva misión la próxima semana.

Los denunciantes, representados por el Abog. Mario Morlas Candia y el Ing. Augusto Ríos Tonina, pretendían con esto frenar el desarrollo del proyecto. Sin embargo, las obras civiles (tramos 2 y 3, de unos 11 Km) comenzaron en enero pasado y ya llevan hoy como dos kilómetros.

La licitación fue ganada por la portuguesa Mota-Engil, por más de G. 300.000 millones (US$ 54 millones), pero la misma subcontrató a la paraguaya Ocho A SA.