El inicio de las obras civiles del metrobús está previsto para el mes de mayo. Mientras tanto, prosigue el catastro que realiza el consorcio CC (representado por Julio Vicente Ullón) y que tiene por objetivo determinar la cantidad exacta de afectados por el proyecto y las dimensiones de sus terrenos que deberán ser adquiridos por el Estado por la vía de la expropiación.
José Tomás Rivarola, coordinador general del proyecto, declaró esta semana que el presupuesto destinado a las indemnizaciones es de 12 millones de dólares.
Sin embargo, como el catastro no ha terminado, es probable que el monto aumente, al igual que el precio del contrato mismo de las obras, para el cual no se aplica el tope del 20% que establece la Ley de Contrataciones Públicas, siempre de acuerdo a las declaraciones de Rivarola.
El monto de las indemnizaciones no está incluido en el precio del contrato que se firmará con la empresa adjudicada para las obras, en este caso la portuguesa Mota-Engil Engenharia e Construcão SA, aunque será precisamente este consorcio el que realice los desembolsos conforme los afectados vayan liberando la franja.
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A su vez, la contratista recibirá el dinero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Desde el Ministerio informaron que en el corredor central, tramo 2 y 3, no hay ningún caso donde deba ser adquirida la totalidad de alguna de las propiedades, sino solo una parte de cada una de ellas.
El proceso de elaboración del catastro, y avaluación de los terrenos y mejoras construidas se rige por la Ley 5389/15, según los datos.
Se rige por normas del BID dice la DNCP
Este no es el primer contrato de obra pública que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero llamativamente el primero que se rige exclusivamente por sus normas, y no las de la Ley de Contrataciones Públicas.
Ayer, le trasladamos una consulta al respecto al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Santiago Jure, y la respuesta que dio a través de la Dirección de Comunicaciones de la institución es que efectivamente la institución a su cargo no tiene intervención en este contrato en particular.