El llamado a licitación fue publicado el 7 de agosto y la apertura de sobres con ofertas será el 30 de agosto, según se lee en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En el mismo llamado, y mientras se espera la definición judicial de la adjudicación o no de la modernización del aeropuerto internacional por APP, fueron incluidas obras de “construcción y remodelación” en la terminal aérea Silvio Pettirossi y en la de Mariscal Estigarribia.
Fuentes de la Dinac explicaron que las obras en licitación corresponden a la segunda etapa del “Proyecto Ejecutivo elaborado conforme al Plan Maestro”, aprobado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). “Estarán ampliando el área pública para aumentar la capacidad de check-in de pasajeros y maletas. También van a ampliar la capacidad del sector embarque y desembarque en el sector Norte”, indicaron.
La ejecución de la primera parte de ese plan fue la que se completó justo antes de que el Gobierno interrumpiera abruptamente su continuidad para anunciar que se iba a someter a licitación un proyecto de Alianza Público-Privada (APP) para darle la administración plena del aeropuerto por 30 años a una empresa privada, con la justificación de que esta debe hacerse cargo de la modernización de la terminal.
Hasta entonces, y como lo hará ahora, la Dinac estaba financiando sus obras con recursos generados por la propia institución.
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Aunque este nuevo llamado a licitación fue subido al portal apenas la semana pasada, la última vez que conversamos con el presidente de la Dinac, Luis Aguirre, dijo que la institución iba a aguardar la definición de la APP antes de financiar más obras con recursos propios. Ayer no nos atendió el teléfono. Tampoco lo hizo el administrador del aeropuerto, Rubén Aguilar.
El consorcio que aparece como inminente adjudicado en la polémica licitación de APP es Sacyr-Agunsa. La firma española que integra este consorcio, Sacyr, tiene antecedentes de incumplimiento y trámites judiciales derivados de ello en su país y también en Chile, Colombia y Panamá. Estos antecedentes debieron excluirle, pero el MOPC, en lugar eso, le benefició con dictámenes “a medida”.