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El monto desembolsado por el fisco para este fin ronda los US$ 1.190.000, según confirmó la titular de Hacienda ayer en explicaciones dadas a periodistas en la sede ministerial. Este monto cubriría a unos 2.100 funcionarios, teniendo en cuenta que el plus es de G. 3.000.000. Giménez indicó que este pago lo recibieron empleados que tienen ingresos menores a G. 5.000.000. Están excluidos los viceministros y directores, acotó.
Según detalló, este desembolso se realizó bajo el concepto de “subsidio familiar” para compensar la pérdida que sufrieron en sus ingresos los funcionarios de menores rangos, con el recorte de las gratificaciones en el 2016. En otras palabras, la ministra justificó el procedimiento que disfraza estas gratificaciones extras a través de la figura del subsidio o ayuda familiar.
Cabe señalar que el concepto de subsidio familiar, según la propia Ley del Presupuesto, solo se pagará a aquellos funcionarios que perciben salarios menores o equivalente al mínimo legal vigente, o sea de G. 2.041.123, por un monto de G. 35.000 mensuales hasta tres hijos menores de 18 años. Al ser consultada sobre estas limitaciones, Giménez derivó la consulta a sus colaboradores, quienes indicaron que habría otro articulado en la ley que permite el cobro de esta ayuda familiar, aunque no precisaron el artículo que da legalidad a dicho procedimiento.
El Ministerio de Hacienda, según sus voceros, desconoce por el momento de otras instituciones que están realizando estos pagos extras a días de las internas partidarias. Indicaron que en el caso de empresas estatales con recursos institucionales tienen un manejo independiente y en cuanto a las demás, solo sabrán una vez que se acrediten los pagos.
Giménez negó en todo momento que la medida sea un incentivo político. “De ninguna manera desde el Ministerio de Hacienda vamos a mancharnos con cuestiones de ese tipo”, afirmó. Aunque la duda quedó instalada, por acreditarse estos pagos justo días antes de los comicios.
Sobre el punto refirió que recién en esta fecha se puede medir el impacto de la pérdida que sufrieron los trabajadores al recortarse las gratificaciones, y que tras un análisis técnico definieron un monto fijo que intenta reponer el 50% de esa merma en los ingresos. Otras instituciones como MOPC, ANDE, Essap, Ministerio del Interior, INC y Petropar también dieron vía libre a estas gratificaciones disfrazadas de “bonificaciones”.