En un intento por dispersar la responsabilidad penal de funcionarios como Dionisio Mereles y Claudia Centurión en la producción de documentos públicos con contenido falso, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) afirmó ayer en un comunicado que la adjudicación de las rutas 2 y 7 se hizo con base en las recomendaciones de varias instituciones, entre ellas Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Procuraduría.
Fue después de que se publicara parte del dictamen en el que el asesor jurídico, Mereles, afirma que Sacyr “no tiene acciones en Murcia”, cuando este hecho fue asumido por los propios representantes de la empresa.
En el comunicado de referencia el MOPC menciona que el dictamen de Mereles, con el que justifican la intención de adjudicar a toda costa el aeropuerto también a Sacyr, fue solicitado por Claudia Centurión, seriamente comprometida en todo este proceso.
Aunque a su vez, en el mismo texto, reconoce que “la Dirección Jurídica del MOPC no forma parte de la Comisión de Evaluación”.
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En referencia a la responsabilidad que tiene Claudia Centurión por haber firmado documentos en los que asume estar en conocimiento de las sentencias que tiene en contra la empresa Sacyr, el ministerio, en su comunicado, reconoce que la misma “remitió copias de la sentencia 813/2015”.
La sentencia en cuestión es de un tribunal de Murcia-España, donde Sacyr tuvo un proceso para rescindirle contrato. Además de Murcia, Sacyr tiene procesos en curso en Panamá, en Colombia y más recientemente en Chile. Solo en el país andino tiene 20 demandas.
En ese sentido, la adjudicación que le hicieron de las rutas 2 y 7 es absolutamente ilegal.
El pliego dispone textualmente que la restricción de concursar es “aplicable a procesos judiciales por incumplimiento de contrato tanto en relación al Estado Paraguayo como a los Estados de origen de los oferentes extranjeros y/o aquellos estados en los que se encuentran radicados y operando” (ver facsímil).
El dictamen fabricado
El dictamen con contenido falso, que se publicó esta semana, fue “fabricado” para que el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, pudiera invocarlo en el momento de la adjudicación del contrato de modernización del aeropuerto, que insiste en darle a Sacyr.
Eludir a Contraloría
El ministro Jiménez Gaona había dicho que iban a supeditar la adjudicación a las resultas de la auditoría de la Contraloría.
La última vez que este diario conversó con el contralor, Enrique García, este dijo que el dictamen resultante de esa auditoría iba a ser entregado al MOPC el martes último. Ni el MOPC ni la Contraloría hablan del tema. El ministro se limitó a decir esta semana que tal dictamen no será vinculante, dando un giro a su discurso.
Fuentes señalan que ningún auditor está accediendo a firmar un dictamen favorable al ministerio, tratándose de un caso de corrupción tan documentado y en el que los instrumentos públicos probatorios ya han sido puestos a consideración de la ciudadanía. Aún así, fuentes del ministerio manifiestan que la adjudicación se hará a como dé lugar.