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Todo el comité de evaluación fue cambiado, indicó el ministro, decisión que incluyó al viceministro de Obras, Max Rejalaga, que era el presidente del grupo verificador de las ofertas; también sacaron al viceministro de Finanzas, Braulio Ferreira; al secretario general, Héctor Borja, y al asesor jurídico, Alberto Sandoval.
El equipo evaluador fue renovado luego de que el anterior haya cometido el “error” de recomendar la descalificación de la firma argentina Green, que propuso la oferta más económica en el tramo dos de la obra, de G. 111.697.493.061 y no tuvo objeciones mayores. Según las denuncias recibidas por ABC, se intentó favorecer al consorcio de MyT, de Julio Mendoza, y CIV, de Isacio Vallejos, que cotizó G. 127.128.645.436 (unos US$ 3,5 millones de diferencia).
Necesidad de reevaluar
Según admitió a nuestro diario el ministro Buzarquis, se tuvo la “necesidad” de reevaluar la licitación, ya que la primera medición no se hizo de forma correcta. Agregó que el objetivo del MOPC es “solucionar lo antes posible el problema en el tramo protestado”.
Es por eso que ya está hecha la reevaluación, e incluso el resultado será enviado al organismo financiador del proyecto, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), según señaló.
La idea es lo antes posible realizar la palada inicial de la obra, debido a que es fundamental para Santa Rosa, Capitán Bado y ciudades aledañas.
Se espera, asimismo, que no tarde la respuesta de Fonplata, apuntó Buzarquis, debido a que el camino asfaltado es clave para el desarrollo, ya que beneficia no solo a los ciudadanos que lo transitarán, sino a diferentes sectores económicos.
Esta obra, dividida en cuatro tramos, que serán adjudicados a diferentes empresas, prevé la realización de 158 kilómetros de pavimentación asfáltica.
El emprendimiento será financiado por medio de un crédito que consiguió el Gobierno Nacional del Fonplata, de US$ 97,9 millones, más contrapartida local de US$ 24 millones.
Intento de fraude
Lo que ocurrió en el MOPC, supuestamente, fue un intento de fraude, ya que se dio una calificación errónea a la firma Green en el área de profesional ambiental, con objetivo de sacarla de carrera. El equipo encabezado por Max Rejalaga dio la puntuación de cero al plan ambientalista presentado por la empresa, a sabiendas de que la persona en cuestión poseía 26 años de experiencia en el sector y que realizó la verificación de importantes obras de más de US$ 1,5 millones. Muchas de estas incluso fueron hechas para la misma cartera de Obras Públicas en años anteriores.