Sacyr, la empresa a la que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) quiere adjudicar la APP del aeropuerto por 30 años, presentó una póliza con un plazo de vigencia de 250 días, lapso mínimo que establece el pliego de bases y condiciones (ver facsímil). Desde la apertura de sobres han pasado 275 días, lo que significa que hace casi un mes, la garantía de mantenimiento de oferta de este oferente está vencida, y el MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, perdió el derecho a reclamar su ejecución.
El mismo pliego establece como presupuesto para ejecutar la póliza, la circunstancia en la que se compruebe que un oferente hizo una declaración falsa en su oferta. En la declaración jurada de integridad de Sacyr, ésta negó todos sus trámites judiciales por contratos en otros países, que automáticamente tendrían que descalificarle. El documento, cuya copia fue publicada por este diario el fin de semana último, obra en poder de la cartera desde junio de 2016, fecha de entrega de ofertas.
Siguiendo las disposiciones del pliego, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su titular Jiménez Gaona, está obligado a ejecutar la póliza, que en este caso es de 6 millones de dólares, y está asegurada por Royal SA, vinculada al jefe de Gabinete del presidente Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira.
Este vínculo hasta podría ser la razón por la que el MOPC dejó vencer la póliza, perdiendo la posibilidad de reclamar indemnización por el perjuicio que ocasiona al Estado el estudio tan prolongado de una oferta que pertenece a una empresa que nunca estuvo en condiciones de competir.
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Fuentes jurídicas consultadas explicaron que al ocasionarle un perjuicio al Estado, dejando vencer la garantía, el ministro Jiménez Gaona se expone a un proceso penal por lesión de confianza por su conducta omisiva, que en casos graves tiene una expectativa de pena de hasta 10 años.
El prontuario de Sacyr
Sacyr tiene trámites judiciales en España, en Panamá, en Colombia y en Chile. En este último país, entre el año pasado y el actual, le interpusieron 20 demandas por los perjuicios que ocasionó al desviar un río.
ABC pidió al ministerio su versión y respondieron que sus actuaciones “no pueden sustentarse en denuncias periodísticas sin sustento de carácter oficial” y que, por ende, las denuncias carecen de validez para los evaluadores. Por otro lado, no negaron el vencimiento de la póliza de Sacyr.