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MOPC no oyó advertencias sobre el Pilcomayo y ahora se lava las manos

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

Hace un año comenzaron las advertencias sobre el atraso en el inicio de los trabajos en zona del Pilcomayo, tareas que fracasaron. En soberbios comunicados, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) defendía la gestión de Daniel Garay, a quien recién intervinieron en febrero y ahora lo acusan ante la Fiscalía de una “tragada” de US$ 4,2 millones.

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La incompetencia de Daniel Garay al frente de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo fue advertida al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, mucho antes de que decidiera finalmente intervenir su gestión. Los trabajos debieron iniciarse en junio del año pasado, pero no comenzaron hasta mucho después.

En un comunicado que emitió la cartera el 1 de octubre del año pasado, hace casi nueve meses, la Cartera minimizó los efectos de la sequía. El comunicado en cuestión estaba titulado de esta manera: “Comisión informó que no hay riesgo inmediato de falta de agua en la cuenca del Pilcomayo”.

Nueve meses después, habiendo ignorado las advertencias de ganaderos de la zona, de autoridades, de pobladores, etc., el ministro de Obras denuncia a Garay por la malversación de fondos de la comisión por un monto que supera los 4 millones de dólares.

En declaraciones que dio ayer a los medios, el ministro Jiménez Gaona dijo que “como mínimo hubo inconsistencias en el respaldo documental de los trabajos que dicen haber hecho”, con relación a los trabajos ejecutados por los consorcios TOCSA-Vialsur (Fernando Talavera) y Margariño (Darío Ramón Jara Pereira).

El titular de Obras Públicas señaló que dejarán que los peritos fiscales determinen las acciones que correspondan.

Según la denuncia que realizó el MOPC, los referidos consorcios cobraron G. 14.660.882.318 y G. 8.091.814.033, respectivamente, por trabajos que no fueron verificados conforme al pliego.

Pero estas no fueron las únicas irregularidades denunciadas. La intervención halló facturas de reparaciones de vehículos que fueron encontrados sin funcionar y hasta sin motor. Por ejemplo, se pagaron G. 39.179.570 y G. 39.229.560 por reparar en un caso una camioneta Isuzu, que se encontró sin funcionamiento, y en el otro por reparar un vehículo Mitsubishi L200, que estaba sin motor al momento de la intervención.

Uno de los consorcios involucrados en las obras que fracasaron (TOCSA-Vialsur) emitió un comunicado en el que asegura que los trabajos se ejecutaron normalmente hasta el momento de la intervención.

“Hasta el mes de enero de 2016, cuando fueron paralizados totalmente los trabajos a consecuencia de la intervención, se han completado más de 800.000 m3 de remoción”, dice la empresa.

Contingencia

El martes viaja una comitiva presidida por Jiménez Gaona y el nuevo titular de la Comisión Pilcomayo, Óscar Salazar Yaryes, para determinar los puntos más críticos en la zona afectada.

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