La empresa portuguesa que tiene a su cargo el diseño y ejecución de las obras civiles del metrobús, Mota-Engil, informó ayer que ya comenzó los trabajos de topografía sobre el corredor central. Sin embargo, a lo largo de la avenida hay comerciantes que sostienen que sus títulos les otorgan el dominio sobre la vereda y la calzada inclusive, pues no fueron indemnizados en las sucesivas expropiaciones por motivo de ensanches y por ende, la expropiación como tal no se perfeccionó.
José Tomás Rivarola, coordinador del proyecto metrobús, dijo que están al tanto del reclamo enunciado, pero que es un problema que los comerciantes deben discutir con la Municipalidad de Asunción, o con las demás comunas involucradas según el caso (Fernando de la Mora y San Lorenzo).
“Nosotros lo que hemos hecho es recibir de la Municipalidad los planos y trabajaremos con base al ejido municipal. En todo caso deberían tratar con la Dirección de Catastro de la Municipalidad”, dijo.
Agregó que cuando tuvieron las primeras informaciones sobre estos reclamos, pidieron explicaciones a la Municipalidad (de Asunción) y que allí les dijeron que “no es así”.
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En todo momento señaló que la discusión es entre los propietarios y la Municipalidad y no de ellos con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Estiman que afectará a 3.000 negocios
De acuerdo a los datos manejados de manera provisional por el abogado de los frentistas, Víctor Peña Gamba, se trata de negocios que se dedican al comercio, a los servicios y a la industria sobre la misma avenida, sin considerar los que están al doblar las esquinas, que también dependen de esta principal arteria que será utilizada para la ejecución del emprendimiento.
El temor de los frentistas es que la construcción afecte la avenida a tal punto que debido a las obras en ejecución, sus clientes no puedan acercarse más a sus respectivos negocios y las ventas decaigan drásticamente, comprometiendo la estabilidad económica de las empresas, muchas de las cuales han realizado grandes inversiones.
Los potenciales afectados han señalado que el Gobierno y los municipios no les garantizan ningún tipo de compensación o indemnización, y tampoco la cantidad de tiempo exacto que le va a llevar a la empresa, la portuguesa Mota-Engil, terminar el proyecto.