MOPC reconoce imprecisiones en pliegos de proyectos “llave en mano”

Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, reconoció que el pliego de la Ruta Transchaco tuvo 14 adendas en total y que los pliegos de la licitación para la construcción del alcantarillado sanitario tuvieron 20 adendas.

Ambos proyectos fueron licitados por la Ley 5074 “llave en mano”, por cuyos términos el oferente debe hacerse cargo de la ejecución de los trabajos y también de su financiamiento total, hasta la conclusión de los mismos.

En el primer caso de la Transchaco, por pedido del Ministerio de Hacienda, el proceso se canceló, debido a que las condiciones financieras de la única oferta resultaban demasiado desventajosas para el país.

En el caso del alcantarillado, todavía no se revela el interés ofertado por Acciona Aguas-Acciona Infraestructuras, pero sí se conoce que el costo “contado” de la obra será de 599 millones de dólares.

Sobre la introducción tardía de adendas en los pliegos de ambas licitaciones, Centurión dijo que el Estado no tiene interés en contratar con empresas que no estén en condiciones de adaptar sus pliegos cuando existe esa necesidad.

Negó que haya habido interés de direccionarlos para eliminar la competencia, asegurando que exista un solo oferente, como de hecho finalmente ocurrió.

Centurión alegó que por tratarse de las primeras experiencias “llave en mano”, fue necesario hacer las precisiones necesarias, que fueron, según ella, instadas por los propios oferentes.

Dijo que en el caso del alcantarillado, hubo tres grupos de empresas que mostraron interés, pero que dos de ellas no obtuvieron el respaldo financiero de entidades con calificación AAA como exige el pliego.

“En ese caso, las adendas no tuvieron nada que ver”, señaló.

Otro de los proyectos en licitación por la Ley 5074 es el corredor bioceánico, estimado en 400 millones de dólares y cuyas ofertas se recibirán el próximo 20 de diciembre. También la Costanera Sur se pretende licitar por el mismo instrumento legal, que prevé la financiación de obras públicas con capital privado.