MOPC responsabiliza a gobernador de Formosa de atrasar canalización

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el próximo lunes viajará a Buenos Aires, Argentina, una delegación de nuestro país para reunirse con autoridades de la Cancillería argentina, con el objetivo de apurar la autorización para iniciar inmediatamente los trabajos. Supuestamente, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, no se está dando por notificado de la orden del gobierno central.

Integrarán la referida comitiva Óscar Salazar Yaryes, quien encabeza la Comisión Nacional del Pilcomayo; y Didier Olmedo y Blas Felip, quienes son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según los datos, la Comisión celebró una reunión técnica sobre este caso en la que Salazar Yaryes informó detalles de lo que está ocurriendo, principalmente el tema de la indefinición en el lado argentino. “Se espera la reciprocidad argentina, considerando el permiso que dio Paraguay en el 2012 para que se realicen canales en el territorio de Formosa”, dice una nota del MOPC.

De igual manera, informaron que los días 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo un encuentro binacional en la ciudad de Encarnación, y que esta ocasión será aprovechada para que autoridades de ambos países también aborden la problemática.

Tareas en la embocadura

Mientras tanto, continúan las tareas en la zona de embocadura del río Pilcomayo para el nuevo canal que se está abriendo en territorio paraguayo. Hasta el momento se intervinieron 36 kilómetros, y el objetivo es completar un tramo de 50 kilómetros desde la embocadura al interior del Chaco paraguayo. Esto es parte de las tareas de preparación que se iniciaron en agosto pasado con vistas a la riada que debe darse, según los pronósticos, en diciembre y enero.

Proceso por fracaso

Daniel Garay, exdirector de la Comisión, tiene prohibición de salir del país y de acercarse a sus oficinas, medidas que fueron dispuestas en el marco del proceso que se le sigue por lesión de confianza. El Ministerio Público imputó a Garay en el marco de una investigación sobre una presunta “tragada” de más de US$ 4 millones, que derivó en el fracaso de las tareas de limpieza del río. También están imputados los fiscalizadores Atilio Medina y Miguel Ángel Ferreira.