De acuerdo con el reporte “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina 2017” del citado organismo multilateral, la compensación de los empleados públicos fue la categoría de gasto más alta en los diferentes países en esta parte del globo, llegando a un promedio de 29,1% del total del gasto público, mientras que en nuestro país sobrepasó ampliamente este promedio llegando al 49,5% sobre el total de erogaciones del Estado.
Sin embargo, el elevado porcentaje del gasto público que destina el Gobierno al pago de salarios no se condice con la administración de los recursos humanos, que recibió una baja calificación por parte del organismo.
De acuerdo con el reporte, la puntuación baja a Paraguay se debe a que en el momento de su evaluación se notaron debilidades o ausencia de instrumentos básicos de planificación, con efectos directos sobre la calidad y el equilibrio de las dotaciones de funcionarios.
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El reporte revela varios puntos flojos en lo relacionado a la planificación de los recursos humanos, recibiendo una puntuación de 20 sobre una escala de 100 puntos. En el mismo rubro, se pueden observar los bajos desempeños en el nivel de tecnificación del personal, que recibió la puntuación 1 en una escala de 5 (donde 5 es el mayor puntaje); la distribución de personal por institución también recibió una baja calificación (1 punto), así como la comunicación adecuada de las políticas y prácticas de la institución, que igualmente recibió la puntuación mínima.
El informe revela además que las contrataciones y despidos de funcionarios están muchas veces motivados por los cambios políticos. También observaron arbitrariedades en los procesos de selección de personal.
Mayor parte en salarios
Según Hacienda, los gastos salariales de la Administración Central absorberán este año aproximadamente el 74% de todo lo recaudado de los impuestos que paga la ciudadanía, esto no incluye a las empresas públicas ni a las gobernaciones y municipalidades. En valores, representan un total de G. 14 billones (alrededor de US$ 2.453 millones), en tanto que la recaudación que se estima lograr llega a G. 19,3 billones (US$ 3.378 millones).
En los dos últimos años se difundieron las listas de funcionarios, a partir de la Ley de transparencia informativa, después de una fuerte presión ciudadana. De esta manera, se evidenció cómo los políticos reparten a sus familiares y operadores el recurso público.