El dato fue confirmado por el director jurídico del Instituto, Dr. Enrique Galeano.
La reclamación surge a raíz de la inconstitucionalidad de la exención fiscal prevista en su ley orgánica, declarada por la Corte Suprema de Justicia.
El director jurídico del ente, Dr. Enrique Galeano, explicó que es el resultado de la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema contra el Art. 77 de la Carta Orgánica del Instituto, que establece una serie de exenciones tributarias, entre las cuales está el impuesto inmobiliario. Agregó que la comuna de Mariano Roque Alonso, siguiendo lo hecho y logrado por la de Mariscal Estigarribia y San Bernardino, también solicitó y logró la declaración de la máxima instancia judicial.
El argumento de la Corte es que si se trata de inmuebles utilizados para centros asistenciales (hospitales, clínicas, etc.), debe prevalecer la exención; pero cuando un inmueble es de renta, tiene que pagar el impuesto, un ingreso genuino de la Municipalidad. Galeano lamentó porque en este caso solo genera gastos.
Preguntado si IPS pagaría, incluso, los impuestos atrasados, el director jurídico afirmó que eso es debatible, ya que a lo sumo se podría exigir el pago por cinco años, puesto que el plazo para reclamar prescribe en ese lapso. “Por supuesto, la municipalidad va a querer todo, pero nosotros tenemos que ponernos firmes, y es el criterio que debemos asumir”, afirmó.
Consultado sobre el monto reclamado por la municipalidad, dijo que la semana pasada remitió al ente previsional una liquidación solicitando el pago de 2.900 millones de guaraníes. Acotó que si el IPS no le paga por la vía administrativa, es probable que la comuna inicie un juicio ejecutivo, cuya condena ahora será mucho más fácil, teniendo presente la resolución de la Corte Suprema.
Otras demandas
El alto funcionario de Previsión Social advirtió que la suma reclamada por la comuna “es muy fuerte”, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia que se crea, porque también puede venir la municipalidad de Asunción y otras donde el IPS tiene muchos inmuebles a pedir la inconstitucionalidad, lo que les habilitará a exigir el pago del impuesto, lo cual generará muchos gastos al Instituto.
“O sea, esto refuerza la necesidad de sancionar la ley que permita al IPS disponer libremente de sus bienes inmuebles, permitiéndole vender muchas que hoy no le están reportando beneficios, sino solo gastos. Específicamente, el de Roque Alonso, por el que tenemos que responder de manera urgente, y también por los demás en general”, afirmó el funcionario.
Al señalársele que el Instituto va a tener que llenar de banderillas y letreros publicitarios el predio del complejo para cubrir los G. 2.900 millones de guaraníes, que es una de las “brillantes ideas” del diputado Óscar Tuma, Galeano contestó: “Los problemas del fondo de jubilaciones no se resuelven con banderillas publicitarias, esto es un tema muy delicado. Ese inmueble, en vez de generar rentabilidad, que es una obligación legal, solo está generando un gasto a la institución”, afirmó.
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Nueva pelea
Requerido si el IPS pelearía de vuelta en los estrados judiciales para bajar al mínimo la deuda impositiva en la Municipalidad de Roque Alonso, el letrado afirmó que habrá que analizar si le conviene o no ir a un nuevo juicio, si no le va acarrear mayores gastos. “Tenemos que ser realistas, no pelear por pelear nomás, porque luego ese tipo de medidas terminan saliendo más caro a la institución. Tendremos que analizar”, enfatizó.
Los valores actualizados
De acuerdo con datos del IPS, actualizados a abril de este año, el complejo habitacional de Roque Alonso tiene un valor contable total de casi G. 39.000 millones, de los cuales G. 7.744 millones corresponden al terreno de 23 hectáreas. El valor contable de las edificaciones asciende a G. 31.238 millones, aunque solo un peritaje puede determinar los valores actuales reales.