Municipios aplazados en rendición de canon por explotación de juegos

Conajzar es la institución reguladora de los juegos de azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda, pero hoy no cuenta con la estructura adecuada para realizar los controles a los municipios, señaló su titular, Javier Balbuena, quien sostuvo que las administraciones municipales tienen la obligación de presentar informes mensuales sobre las empresas autorizadas a explotar los juegos de azar en sus respectivos distritos. 

Sin embargo, de los más de 250 municipios, solo el de Ciudad del Este cumple con esa exigencia mensual y con la redistribución del canon fiscal. “Los municipios están en falta porque existe en la práctica una desregulación” afirmó Balbuena al término de una reciente audiencia pública convocada por el Senado para presentar un proyecto de ley a fin de fortalecer el ente regulador.

Este proyecto legislativo plantea la creación de una Dirección Nacional de Juegos de Azar, que permitiría mayor autonomía y un presupuesto propio, que sería con base a un 10% del canon de cada año. Se pretende además dotar al organismo de facultades para la aplicación de sanciones en el caso de la falta de rendición de los municipios. 

Conajzar recauda alrededor de G 8.600 millones en cánones por autorización para explotar juegos de azar, casinos, etc. De esta cantidad se redistribuye, según la normativa vigente, 30% a la Diben, 30% a gobiernos municipales, 30% a gobiernos departamentales y 10% al Tesoro Nacional. Por otra parte, los municipios recaudan en concepto de canon a empresas autorizadas a explotar el negocio en el distrito, lo cual deben redistribuir en igual proporción a nivel nacional, exigencia que en la actualidad no se está cumpliendo. 

Según Balbuena, la propuesta de ley pretende retener un 10% de los cánones anuales para presupuesto de la nueva dirección y el saldo redistribuir en las mismas proporciones vigentes. El titular de Conajzar cree que con el fortalecimiento institucional, las recaudaciones por canon fiscal aumentaran en un 50% y orillarán los G. 12.900 millones, beneficiando a su vez a las instituciones dependientes de estos recursos. También se pretende contratar 50 funcionarios para elevar los controles.