Si bien los números también pueden registrarse con letras, el problema de la binacional (EBY) radica en qué operaciones financieras o de compraventa, inclusive de servicios, registraron sus contadores, abrumadoramente argentinos.
También si sus registros contables cuentan con la documentación respaldatoria o no. La Contraloría General de la República (CGR) en una suerte de “primavera de la transparencia” que se produjo en 2007, pero que duró muy poco, luego de la incursión en las oficinas centrales de la EBY, en el barrio Retiro de Buenos Aires, concluyó que gran parte de esas anotaciones carecían de documentos probatorios.
Además, con el avance de la computación, manejar cifras hoy en juego de niños.
No obstante, recordemos que el pasivo que imputan a la EBY, de acuerdo con la “contabilidad oficial”, araña los US$ 20.000 millones, porque incluye una columna muy especial en la que apuntan los intereses que el Gobierno argentino carga a la binacional, pese que el Art. IX del Tratado solo habla de aportes y otra para las actualizaciones.
Loizaga, reflotando la vieja política stronista de “la diplomacia entre cuatro paredes”, se negó categóricamente a responder una pregunta periodística que pretendía dar a conocer la hasta ahora misteriosa contrapropuesta argentina.
Recordemos, la posición de nuestros negociadores, según el propio canciller, es considerar los recursos invertidos por Argentina en el proyecto como aportes, no como préstamos; tesis que incluye todo tipo de interés y que mientras no haya un arreglo del pasivo de la EBY, no habrá nuevas obras en el marco de la hidroeléctrica o fuera de ella.
Loizaga reiteró ayer que el Gobierno no se apea de esta posición a pesar de que en un momento de su declaración inyectó el virus de la duda: “No podemos, por esa situación, esperar, arreglar y después tomar decisiones de potenciar, turbinas, Aña Cua y otras obras futuras, o si no, llevará más tiempo que lo que (ya) se ha perdido...”.
¿Un simple desliz del que pudo percatarse?, porque de inmediato añadió: “Primero la deuda y después las obras”.
Sobre el segundo aspecto o el canciller tiene el reloj muy atrasado o directamente no lo mira, porque desde el 27 de marzo de 2014, fecha en que expiró el plazo en cuestión pasaron casi tres años (faltan solo 39 días).
La excusa del cambio de Gobierno en Argentina tampoco sirve, porque desde que asumió el actual transcurrieron más de 12 meses y en la binacional Yacyretá, todo sigue exactamente igual.
“Nada nos presiona”
“No nos sentimos presionados por nada. De igual a igual, de par a par estamos hablando” (con el Gobierno argentino), replicó el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, cuando una periodista le preguntó si las recientes declaraciones del director argentino de la EBY, Humberto Schiavoni, en el sentido de que su gobierno y el paraguayo habían llegado a un total acuerdo y que de inmediato comenzarían a licitar las obras pendientes. Interpretó que el argentino se refirió al avance de los estudios, que se ejecutarán una vez que se clarifique la deuda.