Sospechosamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) nunca promovió la inhabilitación del consorcio Oting (Otec-Inser) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pese a que el propio ministro Ramón Jiménez Gaona le ha declarado responsable de todos los problemas que tiene la recién inaugurada avenida Ñu Guasu. Incluso se había referido al diseño de este proyecto como un “mamotreto” que su administración tuvo que corregir.
Entre los múltiples problemas que tenía el diseño elaborado por Oting se encontraba la falta de coincidencia entre el emplazamiento (llevar a terreno lo que dicen los planos) y el trazado del ferrocarril, según reconoció ayer el ingeniero Ignacio Gómez, director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
Pese a lo citado, ese consorcio –cuyo representante es Julio Álvarez–, hizo el proyecto sobre el cual el MOPC había convocado la licitación para la ampliación de la Ruta 3 “Gral. Elizardo Aquino” en el tramo Remanso-Limpio (en ejecución).
Cuando se le consultó a Gómez si Oting puede seguir compitiendo en otras licitaciones, explicó que efectivamente puede hacerlo, pues la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no le inhabilitó.
La sanción debió ser promovida por el propio Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos, pero, inexplicablemente nunca lo hizo. Como titular de esta dependencia se encuentra el abogado Dionisio Mereles, actualmente de vacaciones.
Nos comunicamos ayer con la ingeniera Consorcia Unzaín, representante del consorcio Oting, quien prometió dar los detalles del polémico proyecto vial entre Asunción y Luque, pero recién el jueves de esta semana.
Encarecida al máximo
Inaugurada con casi tres años de atrasos, a Ñu Guasu se le introdujeron sustanciales modificaciones y hasta un “recorte” en el trazado original del tramo 2.
Mientras se producían los cambios también se fueron inflando los montos hasta el máximo permitido por la Ley de Contrataciones Públicas.
El primer tramo de la obra, ejecutada por el consorcio Tecnoedil (Roque Ardissone), Heisecke (José L. Heisecke) y 8A (Luis Pettengill) fue adjudicado por G. 112.798 millones y el tramo 2 estuvo a cargo del consorcio Las Residentas (CIV, de Isacio Vallejos, y M&T, de Julio Mendoza), por G. 85.239 millones.
Ambos montos se ajustaron en un 20%.