El 27 de marzo del año pasado, la Unidad Gestión Control Comercial, que estaba a cargo de Elías Riquelme, envió un memorando a la entonces subgerente de Grandes Consumidores, Vanessa Iribas Girala, en el que informó de la pérdida de gasoíl Mbarete, ocurrido en la estación de servicios Ñu Guasu los días 8 y 9 de ese mismo mes. Explicaba que la pérdida se produjo a causa del “desprendimiento de una de las mangueras de conexión instalada bajo la máquina expendedora de combustible, que sirve de succión del producto”.
Añadía que “no pudo ser detectada a tiempo dado que el depósito ubicado bajo dicha máquina denominado Sump’s no cumplió con su objetivo, pues el mismo debió haber rebosado una vez llegado al tope la cantidad del producto derramado”.
Finalmente solicitaba “enviar el informe a Auditoría Interna, salvo mejor parecer”. En la copia del memo figura la firma del responsable de auditoría interna, Roman Frutos.
Este documento, además de correos electrónicos y el libro de novedades del surtidor, revelan que los altos funcionarios de Petropar tenían pleno conocimiento de los hechos, pero prefirieron guardar silencio y dejar que prosiguiera la contaminación ambiental. Los hechos ocurrieron durante la administración del expresidente de Petropar Eddie Jara, en la gestión de Horacio Cartes.
El jueves último tanto la actual titular de Petropar, Patricia Samudio, como María Bobadilla, secretaria general del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), denunciaron ante la Fiscalía el daño ambiental y patrimonial que provocó a la empresa del Estado el derrame de unos 3000 litros de combustibles en los humedales de Ñu Guasu.
Petropar adjuntó el informe del equipo técnico encabezado por la Arq. Celena Merlo, que detalla las anomalías detectadas en la obra, y el informe elaborado por la empresa Disab Sudamericana SA, de Daniel Sosa y Lucila Martínez, contratada por Petropar para realizar el estudio de suelo, retiro de tierra contaminada y la reconstrucción del surtidor.
En noviembre del año pasado, Samudio contrató a Disab sin licitación, bajo la figura de urgencia impostergable, por G. 5668 millones. La empresa privada está reconstruyendo actualmente la estación de servicios de la estatal.
Verificación de fiscalía
Ayer a la mañana, el fiscal Jalil Rachid se constituyó en el sitio para verificar y tomar muestras del cauce hídrico, que se encuentra a pocos metros de la estación. “Necesitamos la documentación para corroborar qué fue lo que se hizo y qué no se hizo, para eso necesitamos la colaboración de Petropar, para que nos pasen los informes”, expresó.
“Si hay elementos, se imputará, pero si se trata de una cuestión administrativa, se desestima. Vinimos a investigar”, indicó.
Era época de elecciones
Se presume que el ocultamiento del derrame de combustible fue por cuestiones políticas. Cuando se advertía del problema del derrame, era el mes de las elecciones. No se accionó porque el plan de mitigación (lo que se está haciendo ahora) consiste en retirar toda la tierra contaminada y reconstruir la estación. Siempre se dijo que las nuevas estaciones de servicios Petropar eran una suerte de marketing político del cartismo.
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