El inconveniente que está teniendo la firma española Sacyr para inscribir una sociedad ante la Dirección General de Registros Públicos tiene que ver por un lado con la errónea inscripción de un poder, justamente en la sección “Poderes”, en lugar de “Comercios”, y por el otro, con la falta de un documento que acredite el depósito bancario de lo que será el “capital social”, según algunos datos recogidos.
Los informes indican que la sociedad, que según comprobamos está tramitando su inscripción, es nada menos que la que eventualmente administrará el aeropuerto por 30 años, vía alianza público-privada (APP). Si esto último se constata, la supuesta espera del Ministerio de Obras Públicas por un informe de Contraloría para recomendar o no la adjudicación sería una farsa.
Según el pliego, recién una vez adjudicado, el oferente está obligado a constituir la Sociedad de Objeto Específico (SOE), con un capital social equivalente al 10% del monto total del contrato. En el caso del aeropuerto, eso serían unos US$ 15 millones, más los honorarios del escribano y los impuestos respectivos. La pregunta que se plantea es si Sacyr incurriría en todos esos gastos sin tener asegurado el contrato para el cual está constituyendo la sociedad. Este es el segundo contrato que le sería adjudicado. El primero fue el ensanche de las rutas 2 y 7.
Contraloría hará “recomendaciones”
El contralor Enrique García anticipó este lunes pasado que el informe que divulgará esta semana, como resultado de la auditoría practicada a toda la licitación del aeropuerto, hará “recomendaciones”. “Eso implica que el ente auditor señale lo que en su criterio forma parte de lo que se debe hacer”, dijo textualmente García, pero sin querer anticipar si esas “recomendaciones” serán a favor o en contra de la adjudicación.
Recordemos que en la licitación del aeropuerto, conducida por el Ministerio de Obras Públicas, la principal empresa que sigue en puja, Sacyr, tiene trámites judiciales en diversos países que según las normas debieron impedirle concursar. También se comprobó que presentó una declaración jurada falsa en la que negaba esos trámites. Justamente, la permanencia de un oferente con antecedentes de incumplimiento fue uno de los puntos que motivó la intervención de Contraloría, señalado a su vez en una denuncia hecha por legisladores.