En el Ministerio Público se llegaron a presentar al menos cuatro denuncias sobre anomalías en la construcción de sistemas de agua potable del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y también se inició una investigación de oficio. Las causas hacen referencia a coimas, soborno, estafa, tráfico de influencias, lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa, producción de documentos de contenido falso, entre otros hechos punibles (ver cuadro).
En conversación con la prensa, el fiscal Luis Piñánez explicó ayer que debido a la envergadura de la investigación y el volumen de documentación a analizar, se repartieron las carpetas entre los 11 agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción. Como hay gran cantidad de obras cuestionadas, se dividieron los trabajos con el objetivo de obtener resultados eficientes.
Además de Piñánez, el caso está en manos de los fiscales René Fernández, Victoria Acuña, Liliana Alcaraz, Igor Cáceres, Martín Cabrera, Claudia Morys, Nadine Portillo, Yolanda Portillo, José Dos Santos y Josefina Aghemo. A través de la Resolución 139, de octubre pasado, firmada por Federico Espinoza, titular de la Unidad fiscal de referencia, se determinó que cada uno de estos agentes investiguen a cinco o seis ONG, de modo de verificar si se configuraron los hechos punibles denunciados.
Repartija de millones
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En los dos últimos años, la administración actual del Indert, presidida por Justo Cárdenas, dilapidó G. 128.615.360.962, equivalentes a más de US$ 22,3 millones, en adjudicaciones directas a las ONG, eludiendo la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (G. 120.112 millones en 2015 y G. 8.512 millones en 2014). Se trata de obras deficientes, inconclusas y con retrasos, que fueron financiadas a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), que depende del ente rural. La repartija de la millonaria suma fue entre más de 50 ONG de dudosa procedencia, muchas de las cuales son “de maletín” según corroboró la propia fiscalía y que, como si eso fuera poco, subcontrataron a su vez a firmas pertenecientes a políticos y amigos del Gobierno, sin experiencia en este tipo de trabajos.
Obras inconclusas
De acuerdo con los datos oficiales del Indert, se adjudicaron millonarias sumas para construcción de unos 250 sistemas de agua potable en localidades del interior del país. Del monto total, a la fecha solo están culminadas 110 obras y las demás están en desarrollo o bien, ni siquiera fueron iniciadas.