Ordenan la reposición de destituidos por corrupción

Un tribunal de cuentas otorgó una medida cautelar a varios funcionarios destituidos de la Senavitat por estar involucrados en un caso de daño patrimonial de más de G. 17.000 millones contra la institución, por el que además existe una investigación fiscal en curso. La Senavitat también destituyó a otros funcionarios por un caso de desvío de combustible.

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Rufino González Flores, exdirector de Administración y Finanzas; Mario Antonio Pairet, exdirector financiero, y Rodolfo Lovera Mancia, exjefe del Departamento de Tesorería, fueron destituidos tras ser sumariados y ahora el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, ordena su reposición en los cargos que ocupaban en la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).

Los funcionarios habían sido sumariados previamente en la institución, tras verse involucrados en un gravísimo caso de daño patrimonial y lesión de confianza, en donde el perjuicio fue de más de G. 17.000 millones.

El hecho se conoce como el caso de “Camilo Recalde Dávalos”, contratista que llamativamente fue beneficiado con 12 proyectos de construcción de 321 viviendas en total, durante el gobierno de Federico Franco.

Senavitat desembolsó la suma señalada, pero el contratista nunca entregó una sola vivienda terminada. Durante el sumario se comprobó que los tres funcionarios destituidos y cuya reposición ahora la Justicia ordena, adjudicaron las obras al contratista en cuestión, que claramente carecía de capacidad técnica y financiera para hacerse cargo. Era una empresa de papel.

Al respecto, el director jurídico de la Senavitat, Enrique Mercado, dijo ayer en conferencia de prensa que apelarán la resolución del tribunal.

“Lamentamos profundamente que las decisiones adoptadas en instancia judicial no apoyen los arduos trabajos desarrollados para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo.

También en materia de combustibles

El director jurídico de Senavitat explicó también que recientemente concluyó en la institución el sumario que se les practicó a dos funcionarios vinculados al desvío de combustible. El proceso culminó con la orden de destitución de ambos.

Se trata de los ahora exfuncionarios Miguel Ángel Méndez González, exdirector de Bienes y Servicios, y Lucio Abelardo Speratti Corti, exjefe del Departamento de Transporte.

Ambos funcionarios quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por el periodo de cinco años, según la resolución que les desvincula de Senavitat.

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