Las operaciones de libranzas, que en la práctica se refieren a la autorización que se da a una casa comercial o financiera para aplicar descuentos del salario por bienes o servicios adquiridos, siguen generando debates y esta vez fue la Asucop la que se hizo eco del polémico proyecto de ley que pretende el embargo de hasta el 65% del sueldo. Según la posición de la Asucop, esta operatividad si bien es ampliamente practicada, no posee ninguna regulación al respecto que proteja los derechos de los trabajadores. Debido a la falta de una regulación, hoy el 100% de los salarios están disponibles para usureros y estafadores, argumenta.
Ante esta situación hubo un plan para regular estas operaciones que permitiría el embargo de hasta un máximo del 65% del salario. El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, tuvo un revés en el Senado y fue criticado desde distintos sectores, entre ellos por la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), por gremios empresariales e, incluso, por el IPS, por transgredir disposiciones relativas al derecho de los trabajadores.
Entre otros beneficios, Asucop menciona que esto formalizaría el sistema de las órdenes de compra de las asociaciones de empleados y crearía una central de riesgos de información.
Según la legislación vigente, al trabajador no se le puede embargar su salario más del 25% y solo por prestación alimentaria, la cifra puede llegar al 50%. Insólitamente, también dispone que si no realizan tales descuentos, los empleadores deberán responder por las deudas de sus empleados.
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Para el titular del BNF, Carlos Pereira, el proyecto como está redactado contiene muchos defectos, especialmente en el tope del 65% para embargo de los salarios. Ahora la Cámara de Diputados necesitará mayoría absoluta (41 votos) para ratificarse en la propuesta original o de igual forma para acatar el rechazo del Senado.