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En conversación con ABC Cardinal, Angel de Vaca Pavón, del consejo de Contadores del Paraguay, señaló que lo único que se logró acordar entre empresarios y el Gobierno es el aspecto de la retroactividad, y no sobre los efectos de la resolución que entrará a regir desde el 1 de enero de este año y no desde el ejercicio 2016, como estaba previsto anteriormente. El profesional cuestionó, además, la actitud de los representantes del Gobierno al no considerar a los contadores en la mesa de discusión. “Una vez más, fuimos ignorados”, lamentó.
Los contadores reclaman supuestas inconsistencias en la reglamentación, pasando por alto incluso disposiciones de la propia ley.
“El hecho de que se prolongue la vigencia al 1 de enero no cambia nada. De ninguna manera satisface nuestras expectativas. Pedidos y exigimos que se respeten las leyes”, expresó.
Algunos de los puntos cuestionados por los profesionales por contener vicios de ilegalidad son, por ejemplo, la disposición sobre las compras en el exterior que deben ser vía tarjetas de crédito, y apostillados, previa gestión consular. También critican los nuevos criterios para deducir las inversiones entre otros puntos.
El Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) también acompaña la postura, y ayer elevaron una nota al Senado a fin de mediar una salida a nivel legislativo. No obstante, aguardan un decreto del Ejecutivo que certifique el acuerdo logrado con los empresarios, a fin de iniciar las acciones de inconstitucionalidad, dijo a su turno Alba Talavera, del Colegio de Contadores. Hasta ayer, el Poder Ejecutivo no se pronunció sobre el nuevo decreto que modificará el anterior Nº 6560/16 y que certificará el acuerdo entre las partes.
Hay diferencia entre empresarios
Pese al acuerdo logrado con el grupo empresarial representado por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), no todos los gremios están conformes con los términos de la negociación.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), a través de su asesor Miguel Angel Aranda, expresó que el gremio tiene una postura distinta, y que no acompañan el trato hecho con el Gobierno, ya que no se incluyen varios puntos considerados violatorios en la Ley del IRP. “La CAP mantiene su postura de que estos cambios son al margen de la ley; por tanto, es inconstitucional e ilegal en varios puntos”, alegó.
Por su parte, Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), señaló que emitirá opinión sobre el tema solo cuando el Ejecutivo emita el nuevo decreto que establezca las condiciones. No obstante, adelantó que el polémico acuerdo salió sin el análisis concensuado de todos los gremios.