“La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico ... será dividida en partes iguales entre los dos países ...”, se lee en el Art. XIII del Tratado de Itaipú, artículo que el Dr. Gustavo De Gásperi (+), a la luz del derecho internacional, había destacado como el propósito o finalidad del documento.
También advirtió que en Itaipú desviaron ese propósito con cláusulas secundarias, razón por la cual el país incluso podía plantear la nulidad del Tratado ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Empero, la transgresión de este principio nunca inquietó a los gobiernos de turno de nuestro país, los que inclusive “entendían” que la cuasi confiscación del excedente paraguayo y hasta la obligada sujeción a un mercado receptor eran (siguen siendo) inobjetables.
En el considerando del Tratado de Itaipú puede leerse que para la celebración del acuerdo tuvieron en cuenta “... lo dispuesto en el Acta Final, firmada en Foz el 22 de junio de 1966 ...”.
El Art. IV del Acta de referencia, además de sentar el precedente del legítimo derecho de la división de la energía “en partes iguales entre los dos países”, recogía la decisión de los dos países de reconocer “... a cada uno de ellos el derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio ... ”.
Siete años después, el 26 de abril de 1973, los negociadores del Tratado convirtieron al mercado brasileño en el receptor obligatorio del excedente paraguayo y al compromiso del justo precio le pusieron una cifra: US$ 300/GWh (1 GWh = 1.000 MWh), ¡descargables sobre el costo de producción de la binacional!
Esa cifra, luego de los ajustes de 1986/1992, 2005 y 2009, se estancó en alrededor de US$ 10/MWh cedido, sobre el costo de la usina, y debe pagarla la parte beneficiada, o sea, Brasil.
Si multiplicamos la cantidad cedida en estos cuatro meses por US$ 150, la tarifa máxima de exportación de la ANDE, concluiríamos que nuestro país debe recibir de Brasil US$ 1.970.325.000.
Tras las negociaciones de 2009 la suma que remesan anualmente al Paraguay en concepto de “compensación” subió de US$ 120 millones a US$ 300 millones.