Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) optó por demandar a Petropar en París (Francia) porque así se encuentra estipulado en las condiciones generales de venta de esa empresa estatal venezolana. Aunque en contratos firmados con Petropar aparecen también los tribunales venezolanos en casos de litigio, al parecer en este caso decidieron instaurar la demanda en París, ante un organismo imparcial, con la finalidad de dejar en claro ante todos que el reclamo es correcto y legítimo.
Se supo que habría molestado a los venezolanos la postura asumida por las autoridades de este gobierno, que directamente optaron por desconocer los contratos suscritos y asumir una posición errática del contenido de los documentos comerciales, al dejar sin valor esos tratos y aferrarse del Acuerdo Energético de Caracas (AEC).
Paraguay desconoció el contrato que instrumenta el Acuerdo Energético de Caracas (AEC) por el cual se rigieron las operaciones, y que fue autorizado por el mismo AEC, que en su Art. 3 concede amplias ventajas a PDVSA, desde la aplicación de un interés punitorio del 18% anual, con lo cual se duplicaría la deuda a más de US$ 500 millones. Y este documento utilizaron para demandar a Petropar, tal como alertamos en su momento. Entre otras situaciones que habrían irritado al gobierno de Venezuela y que generaron este reclamo de PDVSA, se encuentran la postura política paraguaya ante la OEA de criticar al régimen del presidente Nicolás Maduro, y las expresiones del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, quien exclamó: “No permitiremos que vengan a patotearnos”; “nuestra deuda recién vence en 2023, no nos puede apurar a pagarla ante de tiempo”; pero en realidad el contrato decía otra cosa.
PDVSA remitió varias cartas a Petropar para decirle que no rige el financiamiento a 15 años de plazo, y que la deuda estaba vencida desde hace ocho años. Incluso, en los primeros meses de este año planteó que honre la deuda, y concedió un corto plazo, lo que ni siquiera ya fue contestado por Petropar. Dicho planteamiento se hizo cuando en la estatal paraguaya estaban planeando sobrefacturar US$ 5 millones en compra de garrafas.