De “maquiavélico” calificó el gremialista el plan que se ha gestado en el seno del Equipo Económico Nacional (EEN) y que podría terminar confiscando unos US$ 2.000 millones de fondos de pensiones, considerando solo los fondos administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS) con US$ 1.500 millones; Caja Bancaria, con US$ 220 millones, y la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binancional (Cajubi), con US$ 280 millones.

Según Caballero, solo tiene que darse un evento irregular relevante en las entidades previsionales, que puede ser la presunción de no haber cumplido ciertos reglamentos, y ya podrán ser pasibles de intervención.

Además, el proyecto habla también de que las entidades previsionales, una vez intervenidas, podrán enajenar sus bienes con evaluaciones hechas por las Superintendencia de Pensiones. Los interventores podrán determinar que algún inmueble no tiene mucho valor o que fue mal hecha una colocación de fondos y, con ese argumento, decidir una inversión en bonos del Estado.

Siempre según el proyecto del Poder Ejecutivo, las inversiones que las entidades puedan hacer estarán orientadas en primer lugar a bonos del Tesoro, luego a bonos del Banco Central del Paraguay (BCP) y después a otros títulos. Sin embargo, si se pretende invertir fuera de los bonos de tesorería del Estado o del ente monetario, las autoridades de la Superintendencia de Pensiones podrán comenzar a poner trabas, cuestionamientos y condicionamientos a las propuestas de inversión, sostuvo Caballero.

Créditos

Por otro lado, todos los créditos que las entidades puedan dar a sus afiliados estarán supeditados a la resistida normativa. Los jubilados, que en su mayoría ya no tienen créditos en las entidades financieras por el límite de edad y por no tener póliza de seguro de vida, estarán impedidos para acceder a créditos, concluyó.