Al poco tiempo de asumir, Cárdenas había presentado denuncia fiscal contra ONGs que dilapidaron unos G. 26.000 millones que les fueron transferidos directamente, utilizando el rubro 800 del presupuesto. Ahora, el presidente del Indert hace exactamente lo mismo para la construcción de sistemas de agua potable, en lugar de recurrir al rubro 500 de inversión física, que le obligaría a llamar a licitación u a otros mecanismos previstos en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Incluso, la mayoría de los miembros de la Junta Asesora y de Control del Indert apoya el trabajo con estos organismos que fungen de intermediarios, pese a que eso encarece las obras y deja al sistema vulnerable a pedidos de coima, tráfico de influencias y repartija de fondos públicos entre amigos políticos, como se ha podido verificar.
Al respecto, el representante de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) ante la Junta, Dr. Herminio Medina, señaló que la Ley 2051 se debe respetar “aunque cause ronchas”, para lograr mayor transparencia en el uso de los recursos y la libre competencia, ya que todos tienen derecho a participar y competir en las compras estatales. “Hace rato tengo mi posición tomada, que no ha tenido suerte en la Junta. Nunca aceptaron mi tesis de que hay que transparentar los procesos. Existiendo una Ley de Contrataciones Públicas hay que respetar, pero se siguió con el asunto de las ONGs”, afirmó.
Reconoció que a los procesos licitatorios se les critica la excesiva burocracia que “eterniza problemas”, sin embargo, acotó que la misma ley prevé que solo hace falta recurrir a una licitación cuando la contratación es por un monto de más de 10.000 jornales; las que son menos de 2.000, se pueden realizar a través de contrataciones directas y cuando se tratan de montos que van entre los 2.000 y los 10.000, están los concursos de ofertas, que son más cortos y simples, acotó.
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Por su parte, el Ing. Erico Ibáñez, miembro de la Junta Asesora por Hacienda, opinó que toda vez que se respeten las reglas establecidas por la Junta, como por ejemplo las especificaciones técnicas de las obras, el trabajo con ONGs va a funcionar. Alegó que la licitación no garantiza la provisión en tiempo y forma, ya que muchas empresas contratadas a través de ese mecanismo han incumplido con el Indert en el pasado. “Yo desde un comienzo le dije que tenía mis reservas al presidente (Cárdenas), pero le dije si tenemos todo controlado (el trabajo con ONGs), podemos hacer”, acotó.
Añadió que los miembros de la Junta se sienten “relativamente preocupados” porque se ven involucrados en el trabajo con organismos que no están cumpliendo. “Desde el principio le dije al presidente que esto estaba ocurriendo y eso también hizo que se movilizaran más y las publicaciones dieron más fuerza y ahora mucho ya está subsanado”, señaló.
Pedido de interpelación
De acuerdo con fuentes del Congreso, hoy se prevé presentar en la Cámara de Senadores un pedido de interpelación a Justo Cárdenas, para que dé explicaciones sobre el millonario “negocio” de los pozos.
Niega suspensión de obras
El Indert envió ayer un reporte de prensa en el que niega que la construcción de pozos haya sido suspendida por orden de la Junta. El presidente de la institución argumentó que solo se decidió el “control estricto, riguroso, de estos primeros 150 sistemas” para luego proseguir con los otros 500 pozos.
Sin embargo, los miembros de la Junta Asesora del ente rural explicaron a la prensa que si bien no se suspendió la construcción de las obras en curso, sí se determinó paralizar la aprobación de nuevos proyectos encarados a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), hasta tanto se realice una auditoría a todas las obras por las que se desembolsaron millonarios recursos.