Esto quiere decir que la empresa estatal venía operando irregularmente y con la “vista gorda” del MIC. Es sabido que dicha cartera concede apenas 180 días de plazo para que un emblema complete todos los requisitos respectivos y cuente con la cantidad de gasolineras exigidas para el efecto y funcionar.

Esto devela que la estatal desarrollaba dicha actividad irregularmente desde al menos hace cuatro años, ya que activaba con estaciones de servicio propias (al menudeo), desde la época en que el presidente de la compañía pública era Sergio Escobar, durante los gobiernos de Fernando Lugo primero y luego Federico Franco.

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