El presidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, utilizó el mismo “argumento” del Gobierno en su repuesta a su par venezolano, Eulogio del Pino, por la intimación de pago que le llegó a la entidad.

Luego de explicar su “sorpresa” por la exigencia del pago y la amenaza de Venezuela de que “procederá de inmediato a demandar a Petropar para resolver definitivamente este asunto, conforme a lo previsto en el artículo vigésimo segundo del contrato de refinanciamiento”, el titular de la petrolera paraguaya responde que “dicha posibilidad simplemente no está contemplada en el Acuerdo Energético de Caracas (AEC), que establece un solo medio de resolución de controversias: las negociaciones directas y amistosas entre las partes. Dicha norma no establece excepciones, ni posibilidades de complementación, sino que estipula un modo que debe ser respetado, siendo nula y carente de cualquier valor jurídico cualquier otra vía que se pretenda llevar a cabo”. Enfatiza aún más, diciendo que “Petropar rechaza y desconoce la existencia de cualquier otra vía de solución que se aparte de los términos del AEC (negociación directa y amistosa entre las partes), como así también, la intención de someter a Petropar a la competencia de cualquier tribunal arbitral o local que pretenda entender en un asunto de carácter internacional vinculado al cumplimiento de un acuerdo internacional, suscripto entre ambos Estados”.

De esta forma, resulta peligrosa la interpretación del Gobierno del alcance de los documentos firmados en su momento, lo que podría perjudicar aún más a la población paraguaya.

Así desconocen el contrato que instrumenta el AEC, por el cual se rigieron las operaciones, y que fue autorizado por el AEC en su Art. 3. Este documento concede ventajas a PDVSA, ya que permite la aplicación de un interés punitorio del 18% anual (con lo cual se duplicaría la deuda a más de US$ 500 millones), y también porque por el mismo Petropar renunció a nuestra soberanía jurídica.