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Patricia Samudio, presidenta de Petropar, patrocinada por el asesor jurídico de la empresa pública, Miguel Cáceres, denunció ayer ante el Ministerio Público el daño económico y ambiental provocado por el derrame de combustible en el surtidor de Petropar, instalado en la autopista Ñu Guasu en el 2017 durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes.
En la denuncia se relata que en noviembre de 2018 se hicieron pruebas laboratoriales a los productos que vendía la citada estación y comprobaron que con cada lluvia “se acumulaba gran cantidad de agua en el Sump de los tanques subterráneos” de combustibles. Posteriormente, un equipo técnico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) corroboró la contaminación del área. La estatal, bajo la nueva administración en el Gobierno actual, contrató por G. 5.668 millones a la consultora Disab para iniciar el plan de mitigación y la reconstrucción del surtidor.
Como prueba, Samudio, entregó dos informes. El de los funcionarios de Petropar y de Disad, que detallan las anomalías detectadas.
Ayer, asimismo, la secretaria general del Mades, María Bobadilla, remitió a Fiscalía el expediente 489 de 39 páginas, resultado del sumario administrativo abierto por la institución sobre el caso, según explica, para cumplir el Art. 57 de la Ley 1626 que habla de denunciar hechos punibles detectados.
El director jurídico del Mades, Hugo Cardozo, que acompañó la denuncia de Petropar, cree que “el daño no hubiera sido tan grave” si se actuaba rápidamente. “Verificamos los trabajos, vimos que al excavar encontraron una barbaridad, se derramaron cerca de 3.000 litros de combustible. Lo peor es que no se tapó todo”, dijo.
La obra de la estación empezó en agosto de 2017 y se inauguró cinco meses después, durante la presidencia de Eddie Jara, quien adjudicó a Jorge Zarza, propietario de Z & Zarza Constructora, por G. 3.998 millones, que trepó a G. 4.600 millones tras reajuste. Jara negó que haya habido pérdida, “si había derrame de combustible, lo hubiéramos reportado inmediatamente, identificando responsables y tomando medidas de mitigación”, refirió a ABC.
La empresa Disad, propiedad de Daniel Sosa y Lucila Martínez, está reconstruyendo el servicentro.
Ya hay fiscal asignado
Tras la denuncia presentada ayer a las 7:30 de la mañana por parte de Petróleos Paraguayos (Petropar), en horas de la tarde ya se tenía fiscal asignado. Fue nombrado el agente Jalil Rachid.
De acuerdo a informaciones extraoficiales, esta mañana el agente del Ministerio Público se constituirá con sus peritos en la estación de servicio en cuestión, a fin de verificar el área donde se registró el derrame de combustible.
En la zona están trabajando obreros de Disad con maquinarias pesadas. Primero habían retirado cerca de 2.000 toneladas de tierra contaminada con hidrocarburos y ahora están procediendo a acondicionar el área para un nuevo surtidor.