Piden acciones concretas en casos de invasiones

Productores y directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) reclaman a la Fiscalía actuar en casos de ocupaciones, talas de árboles, atropellos y violencia por parte de invasores. Piden que el Estado de señales claras de que hará respetar el derecho y que las fuerzas actuarán en consecuencia.

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El reclamo de sectores productivos se hizo ayer ante la fiscala general, Sandra Quiñónez. La misma recibió al presidente y vicepresidente de la ARP, Luis Villasanti y Manuel Riera, así como a productores afectados por hechos de violencia y atropello en sus propiedades.

Luis Casaldi, propietario de un establecimiento ganadero en Capiibary, comentó que hace 50 días su inmueble de 1.416 hectáreas fue invadido y los sujetos cometieron todo tipo de atropellos: robo de madera, de ganado, quema de pastura, quema de sojal. Mientras esperaban el accionar de la justicia que no llegó, la Policía “se borró”.

También fueron expuestos el caso de la familia Núñez, cuya propiedad fue invadida hace tres años, arrasando con los montes, llevaron maderas, quemaron cultivos, rompieron pertenencias de la familia, quemaron retiros, y uno de los integrantes de la familia fue secuestrado, atado, maltratado y golpeado.

También familias de Guahory expresaron sus reclamos a la Fiscalía. El lunes a la noche integrantes de estos grupos habían llegado hasta la sede de la ARP a plantear acciones, como el “tractorazo”, como una medida de protesta ante la inseguridad reinante en el campo.

El vicepresidente de la ARP, Manuel Riera, dijo a su vez que el gremio está sumamente preocupado por estos hechos y sobre todo porque las fuerzas públicas no actúan de la misma manera que actúa el derecho. “El derecho sin fuerza no es derecho. Reclamamos nosotros que las fuerzas actúen para que el derecho se cumpla”.

Indicó que las instituciones se debilitan y en la medida en que se debiliten las instituciones la inseguridad reina en el país. “Necesitamos que la seguridad vuelva al país, que la gente se sienta segura en sus bienes, en sus personas”, apuntó.

Espera que el Estado envíe mensajes claros a la ciudadanía de que la fuerza actuará al amparo del derecho, de lo contrario se estará poniendo en riesgo las garantías constitucionales.

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