Piden apoyo de sociedad contra negociado Aña Cua

El caso Aña Cua, en el que el Ejecutivo permitió la violación del tratado de Yacyretá para una maquinización que le conviene mucho más a la Argentina que a nuestro país, supone un nefasto precedente para lo que sucederá en materia de política energética, sostienen técnicos y legisladores, que ahora se aprestan a solicitar el apoyo de la sociedad civil en este tema.

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El involucramiento de los estudiantes universitarios, de los sindicatos de la ANDE y de la sociedad civil toda, solicitará un grupo de legisladores y técnicos que impulsa la interpelación del canciller Eladio Loizaga, en un desesperado intento por detener el negociado con la maquinización del vertedero Aña Cua, según dicen, que además supone una violación al Tratado de Yacyretá.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con que la maquinización del vertedero, que supone una inversión de 600 millones de dólares, que serán asumidos por la entidad binacional y trasladados a las tarifas de los usuarios paraguayos y argentinos por igual, y que la generación adicional será de solo 270 megavatios, de los cuales un 50% le corresponderá a nuestro país.

Si se lo compara con el proyecto de desarrollo de Yguazú, donde la inversión necesaria era de mucho menos y la energía le pertenecería en un 100% a nuestro país, la decisión de maquinizar Aña Cua deja de tener conveniencia económica para Paraguay. Este fue uno de los puntos en el que más insistieron los legisladores y los técnicos que se reunieron el lunes último en la Biblioteca del Congreso.

No obstante, en el Congreso no habría votos suficientes para interpelar al canciller Eladio Loizaga, como solicitan los senadores Abdón Saguier y López Perito, y mucho menos para obtener una intervención efectiva de parte del Congreso paraguayo que frene el negociado en Aña Cua.

Este es el motivo, que según dijeron, obliga a hacer una exhortación a la sociedad civil a involucrarse en este tema, pues el mismo despojo puede avizorarse más adelante en Itaipú, sostienen.

Acusan además al gobierno argentino de Mauricio Macri de utilizar estas obras como un “salvataje” a empresas como Pescarmona.

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