En 1984, el ente agrario, que entonces se denominaba IBR, había gestionado la compra de 6.000 hectáreas de Agropeco, pero solo llegó a concretar el pago por 2.000 y, por consiguiente, solo se realizó la transferencia por esa superficie menor.

Hasta hoy, las 4.000 hectáreas restantes están a nombre de Agropeco, pero aún así, a lo largo de las tres últimas décadas, el instituto rural sin ser dueño legítimo de las tierras emitió títulos de propiedad, muchos de los cuales se llegaron a inscribir en Registros Públicos.

En visita a nuestra redacción, los abogados Jorge Zacarías y Cecilia Pérez, representantes de unos 30 productores de María Auxiliadora, dijeron que sus mandantes fueron compradores de buena fe de las tierras y cuestionaron al Indert porque hoy se lava las manos y pretende que el conflicto sea solucionado entre particulares, sin intervención estatal.

“Hemos visto que Agropeco ofreció como solución la venta de fracciones por US$ 4.500/hectárea. Esto sería para los que tienen títulos válidos e inscriptos y que poseen los inmuebles hace años, como comprar dos veces la misma cosa, lo que a todas luces es inaceptable”, señalaron en un comunicado que entregaron a este diario.

La misiva añade que el Indert debería llamar a todas las partes a fin de reiniciar el diálogo, ya que la cuestión afecta a 150 familias de agricultores que viven en el lugar. Los abogados explicaron que la idea es tratar de resolver el conflicto en la instancia administrativa y no llegar a la judicial.