Los jubilados bancarios solicitaron a Cantero la inmediata intervención por parte del Banco Central a la caja bancaria por graves denuncias ya realizadas y que implican a sus directivos, todavía en función. Al momento no hay respuesta oficial de las autoridades de la entidad monetaria sobre el pedido de los manifestantes.

Añaden que fueron imputados por la fiscalía todos los miembros del consejo y que aun así estos siguen administrando la caja, lo que consideran un hecho totalmente irregular. Por las razones mencionadas, solicitaron que sean apartados los actuales directivos.

Cabe señalar que la fiscala Victoria Acuña imputó ya en enero pasado al presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, y los miembros del Consejo de Administración Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera. A su vez, imputó a César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones y representante legal de la firma Karaku SRL, empresa de fachada desde donde se desviaron más de G. 400 millones, aunque la suma podría trepar a casi G. 4.000 millones, de acuerdo con una pericia.

Los manifestantes adelantaron que las acciones de escraches y protestas proseguirán todos los días frente a la residencia de Canero, hasta obtener una respuesta al pedido, ya que, según señalaron, es el ente que debe intervenir en este caso.

Los manifestantes reclamaron por respuestas al nuevo titular del BCP, pues el mismo cuenta en su poder con documentos contundentes de los graves hechos denunciados, según detallaron. No obstante, ante la falta de una legislación que establezca específicamente la supervisión de los fondos de pensión, no están claras las condiciones legales de la intervención para este tipo de casos.