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Según lo señalado durante la protesta, se espera que el fiscal acuse y la causa se eleve a juicio oral y público, porque emprendieron una “lucha de titanes contra gente poderosa”, que hace 20 años se apoderó de la cooperativa y tiene muchos amigos políticos. Mencionaron, por ejemplo, que el nuevo abogado de la cooperativa, Santiago Rojas, es muy cercano al senador Óscar “Cachito” Salomón.
Los datos del expediente indican que los cuatro imputados son Alberto Martínez, presidente de la Cooperativa Reducto; Claudia Barreto, gerente general y financiero; Remigio Alonso, tesorero; Zully Miño, secretaría de consejo de administración. Según la investigación, tras fallecer el socio Armindo Morínigo dejó una deuda de G. 182 millones, saldado por la aseguradora Asepasa, pero que igual quisieron cobrar a los familiares del difunto, a través de la firma de nuevos pagarés. De la misma manera quisieron actuar con otro préstamo que había sacado Morínigo para compra de vivienda, pero los familiares descubrieron las anomalías y las denunciaron ante el Ministerio Público.