Ester Leiva, de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos, comentó que hubo promesa del Indert de comprar las tierras para regularizar los asentamientos. Indicó que el dueño de los inmuebles ofertó al organismo, pero pasó el tiempo y al no haber respuesta de parte del Indert anunciaron que retirarían su oferta y pedirían el desalojo de los ocupantes.

Leiva comentó que lograron una reunión con el titular del ente agrario, Justo Cárdenas, pero que no pudieron llegar a acuerdo alguno, por lo que hoy a las 9:00 proseguirá la reunión.

“El presidente del Indert nos dijo que no podrá comprar esas tierras porque hay muchas falencias jurídicas sobre la documentación, por lo que no se quiere meter en problemas. Sin embargo, los apoderados de los inmuebles indicaron que los documentos están en regla y reiteraron en que haya una decisión en el sentido de que se compren las tierras o, de lo contrario, procederán al desalojo de los ocupantes”, comentó Leiva ayer a la tarde.

Una de las alternativas de lo que se habló ayer para formalizar los dos asentamientos es que se pueda pedir al Parlamento una ley de expropiación. La dirigente dijo que urge la formalización de tal modo que el Estado pueda brindar asistencia en cuanto a salud, educación y otros servicios.