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Carlos Ramírez López ocupa el cargo de intendente de la ciudad de San Alberto, Alto Paraná.
La colonia Tapeporã se encuentra ubicada en el distrito de San Alberto y la orden de desalojo que afecta a 47 familias es motivo de preocupación.
El titular del ejecutivo comunal mencionó que “toda la comunidad cerró filas en defensa de 47 familias de colonos afectadas por una orden de desalojo”.
La Junta Municipal en pleno, con sus 12 concejales, también expresó por escrito su solidaridad con los colonos.
El intendente municipal nació en la colonia Tapeporã y la casa de sus padres se encuentra a menos de un kilómetro del sector donde se pretende desalojar a los habitantes.
Mencionó que “es una situación absolutamente injusta y arbitraria. Los colonos tienen sus títulos de propiedad, la mayoría lleva viviendo allí 30 años y ahora aparece una orden de desalojo”.
Reclamó el respeto a los títulos de propiedad expedidos por el Instituto de Bienestar Rural, actual Indert, diciendo que “los papeles están en regla. Son gente trabajadora que hizo su vida en la colonia. No pueden venir ahora, teniendo títulos en la mano, a desalojarlos”.
Dijo además que “la colonia Tapeporã ocupa 745 hectáreas, está habitada por 47 familias y fue el entonces IBR quien creó la colonia. No se puede desconocer los títulos de propiedad y tampoco los recibos de finalización de pagos por la tierra”.
Con preocupación mencionó que “lo que está pasando en Tapeporã puede suceder en cualquier parte del país porque resulta evidente que los títulos de propiedad tienen un valor relativo”.
Pedirán intervención del Poder Ejecutivo
Ante la confirmación de la orden de desalojo de las 745 hectáreas, que implica la desaparición de Tapeporã, las autoridades municipales de San Alberto solicitaron la intervención de la Gobernación de Alto Paraná.
En los primeros días de febrero está previsto que el titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, viaje a Ciudad del Este.
“Pedimos al gobernador que gestione una audiencia con “Marito” para que podamos explicarle la situación y sobre todo para pedirle una intervención del Poder Ejecutivo en favor de la colonia Tapeporã”, señalaron.
Orden “gestionada” por un muerto
El Abog. Venancio López obtuvo el 11 de julio de 2018 una orden judicial para desalojar a los colonos de Tapeporã.
Venancio López dejó triste memoria de su paso como camarista por facilitar la libertad de Vilmar Acosta, en marzo del 2011, para presentarse como candidato a intendente de Ypejhú; Vilmar Acosta estaba detenido por sospechas de homicidio.
Venancio López inicio acciones judiciales el 21 de febrero de 2007, en representación de Heriberto Lezcano; Lezcano muere el 10 de setiembre de 2008. El abogado siguió representando al fallecido a pesar de una expresa prohibición del Código Procesal Civil y el 11 de julio de 2018 obtiene la orden de desalojo.
El juez Aníbal Duarte, de Alto Paraná, ordenó el desalojo sin que la sentencia se encuentre firme.
Otro abogado involucrado en el caso es Eitel Edelmiro Khron Gysin, sancionado el año pasado por el Jurado de Magistrados por ejercicio abusivo del derecho.
Dos “vivos” usan el nombre de un muerto para quedarse con 745 hectáreas.
roque@abc.com.py