El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó esta semana sobre la recepción final de 24 sistemas de agua construidos con recursos del Fondo de Inversiones para el Desarrollo (Fides). “La Junta Asesora y de Control del ente rural había aprobado, por unanimidad, una rigurosa reglamentación para la recepción final de los sistemas de agua potable con sus respectivas redes de distribución domiciliaria”, señala el reporte de prensa.
La misiva añade que dicha verificación “se realiza en base al reglamento aprobado, utilizándose para el efecto un Formulario de Verificación de Obras y la presentación de Declaración Jurada de la ONG y la empresa constructora del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y del convenio suscripto”.
Sin embargo, según los datos, la recepción se basa en el informe de un equipo fiscalizador que no reúne el perfil adecuado. Prueba de ello es la resolución N° 2017/16 firmada por el titular del Indert, Justo Cárdenas, por la cual comisionó a funcionarios no capacitados para la verificación final (ver facsimilar). Integrantes del equipo
El equipo estuvo compuesto por el gerente de Obras de Infraestructura, Inocencio Bogado, quien aparentemente no terminó la secundaria, según fuentes del instituto. Bogado era secretario privado de Cárdenas y cuando fue ascendido, en abril último, la prensa le consultó si tiene conocimientos en el sector, si es ingeniero o de alguna profesión afín. Su respuesta fue: “Absolutamente nada yo no soy” (sic). Otro que integra el equipo fiscalizador es Martín González Argüello, funcionario comisionado del Ministerio de Agricultura. ABC se comunicó con la Dirección de Recursos Humanos de la cartera y allí informaron que se trata de un arquitecto que trabajó en los últimos años en un proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar y que desde 2014 está en el Indert. Para tener más datos sobre el perfil profesional de González, lo llamamos a su celular y reconoció que no tiene experiencia en sistemas de agua potable, sino que apenas llegó a estar en trabajos que incluían pozos de uso doméstico.
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Agregó que el equipo no está haciendo la recepción final de las obras, pues de eso se encarga el Fides, y que su trabajo se limita a verificar si los sistemas de agua tienen los elementos necesarios para su funcionamiento. No controlan la profundidad del pozo, el estudio hidrológico, perfilaje, la prueba de bombeo y demás requisitos que están establecidos en el Formulario de Verificación. La nómina de fiscalizadores se completa con la presencia de Isabelino Luis Fernández, que es de profesión plomero, y de Rodi Vázquez Gauto, chofer. Para el “negocio” de los pozos el Indert adjudicó desde 2014 por más de US$ 21 millones a ONGs, que a su vez subcontrataron a firmas de políticos y amigos del Gobierno, en lugar de constructoras formales. Desde entonces, llueven denuncias sobre obras inconclusas, deficientes e inexistentes.